El Estado (y el operativo) fallido

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentó el jueves en Culiacán, Sinaloa, el reto más grande hasta ahora y perdió.

Y perdió el Estado.

Perdieron todos los mexicanos.

La noticia le dio la vuelta al mundo: los militares dejaron ir a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pese a que lo habían detenido, tras ser sometidos y amenazados.

No funcionaron los abrazos ni los balazos, porque vaya que hubo.

Tampoco el fuchi ni el guácala.

Y la desinformación y el silencio del gobierno, que provocan especulaciones.

Que un convoy de la Guardia Nacional realizaba un patrullaje cuando fue atacado desde una casa en el fraccionamiento Tres Ríos y que, al repeler el ataque, tomó control de la vivienda, donde estaba Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, capo del cártel de Sinaloa.

Mentira. Había una orden de aprehensión que ahora se utiliza para argumentar que no se violó la ley al dejarlo ir. Dicen que nunca llegó ésta.

Que se le capturó y liberó a para evitar muerte de inocentes, porque estaban en inferioridad numérica -eran menos, pues- y porque civiles estaban en peligro si se desataba un tiroteo de proporciones mayúsculas.

Más de seis horas de tiroteos, de vehículos incendiados, de incertidumbre.

De silencio, de cero comunicación.

De miedo.

La guerra que declaró Felipe Calderón Hinojosa en 2006 en su afán por legitimar el triunfo-robo en las urnas a Andrés Manuel, precisamente, tiene hoy sumido a México en una violencia no vista desde la revolución.

Cien mil muertos y treinta mil desaparecidos en su lúgubre sexenio, superados por 130 mil y 40 mil, respectivamente, del de Enrique Peña Nieto, a quien le preocupaban más el amor y las hoy extintas reformas, que servir a su país.

Y la cuenta no para.

En julio pasado, a nueve meses de este gobierno, ya los homicidios dolosos rondaban 25 mil.

El martes, cuando Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad, presentaba un informe en Palacio y reconocía que no hay mucho qué presumir -aunque señaló un punto de inflexión en las cifras-, y Andrés Manuel hablaba de una ligera mejoría, sin masacres ni razias ni violencia, en Michoacán el Cártel Jalisco masacraba a trece policías estatales.

El miércoles, en Iguala, Guerrero, el Ejército envió un mensaje de autoridad cuando abatió a catorce presuntos delincuentes en un tiroteo.

Uno solo de los militares acabó con ellos, según el reporte. El soldado murió.

 

Derrota

El jueves, las imágenes eran alarmantes.

Mujeres con sus hijos en brazos corriendo en busca de refugio.

Hombres tirados al piso protegiendo a su familia.

Y encapuchados impunemente incendiando autos, camionetas y camiones como se veía en Monterrey, Nuevo León, o en Apatzingán, Michoacán, con Calderón.

Les llaman narcobloqueos.

Pasadas las 14:00 horas comenzó a circular la versión.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas federales.

Parecía una venganza de las fuerzas federales, como la sucedida en Tanhuato, Michoacán, en 2015, cuando murieron 48 hombres en el rancho El Sol, luego de que el Cártel Jalisco derribara un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y murieran nueve oficiales.

Conforme avanzó la tarde y pese al silencio del gobierno, se conoció que el implicado era Ovidio Guzmán López y que no había muerto, que estaba detenido.

Al anochecer, Durazo Montaño mencionó por primera vez el acuerdo, “para proteger vidas de inocentes”.

Derrota ante uno de los cárteles más poderosos del país.

Las escenas eran y son lastimosas: soldados dando la mano y regalando su casco y guantes a los malandros, que los saludan a manera intimidación.

Y los militares respondiendo igual, porque están en desventaja y sometidos.

Porque no quieren morir.

Ayer, Andrés Manuel aseguró que la decisión de liberar a Ovidio fue del gabinete de seguridad y él avaló y reiteró que no habrá masacres. Primero la paz, insistió.

Evidentemente le consultaron. Como presidente y como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. La decisión, entonces, es suya.

Alfonso Durazo Montaño y Luis Cresencio Sandoval, en conferencia, defendiendo el argumento.

Y justificando, después de casi 24 horas, suficientes para tejer una historia, que no se cometió ninguna ilegalidad ni delito, como dice el artículo 150 del Código penal federal, en torno a quien propicie la evasión de reo.

Durazo Montaño y Cresencio Sandoval tienen razón:

Fue un operativo fallido

… en un Estado fallido.

 

Vámonos: Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz asistió a un foro económico en Playa del Carmen. Destaca la integración de la comunidad indígena a la economía. Por cierto, Román Contreras es el nuevo jefe de prensa en Playa, como le llaman los locales.

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