El INE se ‘hace bolas’ con invalidación de triunfos de candidatos a magistrados de circuito

Revisión de criterios de promedios de aspirantes atrasa la validación de esta elección, que sigue en revisión



Foto:Cuartoscuro

La validación de los promedios de candidatos ganadores a magistrados de circuito en las elecciones del pasado 1 de junio enredó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que hasta el cierre de esta edición discutían cuántos aspirantes podían rescatar el triunfo con la revisión de sus promedios.

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Originalmente, el dictamen del organismo electoral proponía no entregar la constancia de mayoría a 33 candidatos ganadores a magistrados de distrito por no haber obtenido el promedio mínimo de 8 en la licenciatura o promedio mínimo de 9 en el caso de materia de su especialidad.

Sin embargo, por la noche y después de un largo receso, los consejeros discutían que tres candidatos ganadores no cumplieron con el requisito mínimo de ocho en la licenciatura y determinar que los segundos lugares ocuparían esas plazas.

Por lo que se refiere al promedio de 9 en la materia de la especialidad, el consejo general analizaba cuántos de los originalmente previstos podían ser considerados para quedarse con el triunfo.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei explicó que en este caso se tuvo que diseñar una metodología para determinar qué materias entraban en la categoría de afines a la materia del magistrado, ya sea civil, penal, familiar o alguna otra área de especialización. Acotó que debido a que los aspirantes provienen de distintas universidades públicas, privadas, escuelas libres y maestrías, los nombres de las materias difieren de un colegio a otro y tienen que analizar las tiras de materias o Kardex para definir si cumplen o no el requisito respectivo.

Por lo que se refiere al promedio general, los consejeros acusaron que los comités de evaluación y el Senado enviaron estos expedientes pese a que no cumplían con los requisitos establecidos en la legislación vigente y el área jurídica del Instituto “redondeó” los promedios, por ejemplo, en el caso de un candidato que obtuvo 7.9 y se le dio por válido como 8.

No obstante, este criterio fue rechazado por la mayoría de los consejeros electorales, pues advirtieron que en ninguna ley se permite esta práctica que se hace en algunas escuelas.

“La negociación con el profe al final del semestre profe, saqué 59, súbamelo a 60, está bien, el profe tiene esas facultades, pero 8 es 8 y 7.92 como 7.999 están por debajo del ocho y no se puede redondear, exactamente igual que no se pueden redondear las mayorías calificadas en las Cámaras. O sea, no estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional, los números son los que son. Y si la ley pone un límite, límite es ese”, sentenció el consejero Uuc kib Espadas.

Además, el consejo general rechazó anular algunos triunfos de hombres para ajustar la paridad de género, pues la mayoría de los consejeros consideró que se cumplía con la paridad en el número global de magistrados y ya no es necesario hacerlo por circuito judicial.

Además, tres aspirantes a magistrados que fueron denunciados por la consejera Carla Humprey por ser personajes ligados a acoso docente, violencia y por ser deudores alimentarios fueron avalados, al considerar que no hay sentencias firmes en estos casos.

El que sigue pendiente es el caso del candidato ganador Héctor Ulises Orduña Hernández, quien fue elegido como juez mixto del distrito de Poza Rica, en Veracruz, con 44 mil 221 votos, pese a que enfrenta un proceso legal por abuso sexual contra una menor de edad.

Al respecto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que siguen a la espera de que las autoridades les informen sobre la situación jurídica de esta persona. Las constancias de mayoría se entregarán el próximo lunes en bloque, por lo que todavía podría haber cambios.

Por lo que se refiere al hecho de que el INE no precisó en la constancia que Hugo Aguilar Ortiz será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Taddei dijo que se determinó que sea el Senado el que lo haga, puesto que le corresponde tomar la protesta de ley.