Espacio de Seguridad
El doctor David Pérez Esparza, reconocido investigador en materia de seguridad, ha distinguido 10 puntos relevantes de la iniciativa de fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Recordemos que el Sistema Nacional se proyecta en el año 1995 y entra en vigor al inicio del milenio, en el año 2000, mediante la puesta en marcha de una ley que sentaba las bases de coordinación en materia de seguridad pública entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y dos de tres poderes de la Unión, el Ejecutivo y Legislativo, quedando el Judicial relegado por decisión propia, argumentando su independencia, decisión que le saldría cara 25 años después.
Actualmente esa coordinación se ha llamado Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la que se desprende la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
El doctor Esparza, dentro de estos 10 puntos relevantes, destacan cinco en materia de investigación; dos de las cinco funciones consagradas en el artículo 21 constitucional y que suman de manera primordial al combate a la delincuencia organizada y a la eventual pacificación del país. Estas son:
1. Modernización tecnológica mediante plataformas eficientes de búsqueda, recopilación y análisis de datos que lleven a productos de inteligencia útiles para el desmantelamiento de grupos criminales.
2. Con lo anterior, crear una Plataforma Nacional de Inteligencia que conecte a las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en tiempo real.
3. Sumando la modernización tecnológica y la plataforma nacional se estará en condiciones de hacer realidad la interoperabilidad entre dependencias vinculadas a la investigación preventiva y criminal.
4. El uso de inteligencia artificial para el análisis criminal predictivo pudiendo anticipar conductas delictivas y, por ende, facilitar el despliegue preventivo policial.
5. Fortalecimiento de la investigación del delito desde una perspectiva más estratégica que reactiva.
Inicialmente, cabe destacar, de nueva cuenta, como hace 25 años, esta ley general privilegia una, acaso dos de las cinco funciones de seguridad pública requeridas para pacificar al país: la investigación y persecución de delitos, delincuentes y delincuencia, por lo que es de esperarse buenos resultados en “esclarecimientos de hechos delictuosos”, con miles de detenidos, incautaciones de armas, vehículos, mercancías y drogas, así como pocos dólares, pero escasos resultados en prevención (las famosas causas); sanciones administrativas federales, estatales y locales (cultura de legalidad) y, por supuesto, continuidad en la nula reinserción social.
Ahora bien, en materia de investigación e inteligencia, que la segunda es parte de la primera, la reforma y, sobre todo, la ley planteada, suena muy afortunada, puesto que al sumar la tecnología, procesos y talento se cierra un triángulo virtuoso que llevará a resultados óptimos, no solo en la neutralización de objetivos prioritarios sino en la búsqueda, localización e identificación de zonas y territorios tomadas por la delincuencia para ser recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. Por lo menos eso esperamos como sociedad civil. Buenas investigaciones, pero con resultados en mantenimiento de paz, orden, protección de vidas y patrimonio de las personas, que es más importante que desmantelar a los cárteles, y que no necesariamente una acción conlleva a otra.
Cabe destacar que en uno de los puntos señalados por el doctor Esparza, la coordinación con el Poder Judicial, presumo que es para garantizar investigaciones robustas que terminen en sentencias justas, sean condenatorias o absolutorias, que lleven a regresar el prestigio tanto al órgano persecutor del Ejecutivo (ministerio público) como al órgano juzgador en las personas de los jueces, pero que con la democratización de su poder se antoja complejo.
Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral
@BGomezdelCampo