El PRI exigió al Gobierno cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Demandó la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para explicar las acciones contra la violencia y el crimen en México



Foto: Cuartoscuro.com

El senador por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas hizo un llamado al gobierno federal para que cumpla con el mandato constitucional y envíe al Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

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Moreno Cárdenas demandó también la comparecencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que explique de manera detallada y clara las acciones que se implementarán para combatir la violencia y el crimen en México.

“No permitiremos que el Ejecutivo siga ignorando la ley y evadiendo su responsabilidad. La seguridad de los mexicanos no es un capricho ni un favor, es un derecho fundamental que el Gobierno debe garantizar con apego a la legalidad”, sentenció el también presidente nacional del PRI.

De acuerdo con la Constitución, recordó, el presidente de la República tiene la obligación de presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el primer año de su mandato, durante el segundo periodo ordinario de sesiones. Pese a que este inició el 1 de febrero, hasta la fecha el documento no ha sido remitido al Senado.

También se refirió a la presentación de la estrategia realizada por la presidenta de la República en una conferencia de prensa el pasado 8 de octubre.

“No nos vamos a conformar con anuncios mediáticos ni discursos huecos. La seguridad del país no se resuelve con ruedas de prensa ni con eslogans. Se resuelve con estrategias serias, bien estructuradas y con pleno apego a la legalidad.”

Moreno Cárdenas enfatizó la importancia de que el Senado conozca y apruebe en tiempo y forma la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para garantizar la transparencia, la supervisión democrática y la rendición de cuentas.

“La falta de entrega de este documento no solo es una omisión grave, es una afrenta al pueblo de México. Es una muestra del desprecio del Gobierno por las instituciones, por la división de poderes y por el mandato constitucional que debe cumplir.