Gas Bienestar prometía gas barato y justo para todos, pero cuatro años después opera con pérdidas, mantiene una cobertura limitada a unas cuantas alcaldías de la Ciudad de México, ha registrado incluso accidentes mortales y, ante lo que consideran un fracaso tanto en lo social como en lo económico, senadoras y senadores del PRI presentaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para revisar a fondo el programa, al que calificaron como ineficiente, riesgoso y financieramente insostenible.

De acuerdo con los legisladores, el programa impulsado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con sus objetivos y ha subsistido únicamente gracias a subsidios públicos, especialmente de Petróleos Mexicanos, sin generar utilidades netas desde su creación hasta 2024, periodo en el que sus ingresos pasaron de 254 millones de pesos en 2022 a solo 174 millones en 2024, mientras que se han ejercido más de mil 300 millones de pesos en la compra de cilindros y cientos de millones más en reparaciones por fallas de calidad.

En 2024, señalan que Pemex destinó cerca de 300 millones de pesos adicionales en aportaciones de capital para mantener operativa a la filial, confirmando, de acuerdo con el grupo parlamentario, que el programa sobrevive exclusivamente por los subsidios y no por su viabilidad económica, además de que su impacto social sigue siendo limitado, pues pese a la promesa de una expansión nacional, solo opera en nueve alcaldías de la Ciudad de México, en un contexto donde el 76 por ciento de los hogares mexicanos dependen del gas LP.

El PRI también denunció que el programa ha generado problemas de seguridad, como la explosión de un tanque defectuoso en la alcaldía Gustavo A. Madero que causó la muerte de una mujer, y que esas fallas reflejan deficiencias graves en los controles de calidad, al tiempo que acusan una distorsión del mercado por competencia desleal, con distribuidores privados que han denunciado hostigamiento regulatorio, bloqueos logísticos e inspecciones arbitrarias, lo que, indicaron, ha creado un entorno adverso para la inversión privada y contradice los principios de equidad y libre competencia.

“Creemos que el Estado debe intervenir cuando la necesidad social lo amerita, pero dicha intervención debe ser eficiente, transparente, con rendición de cuentas y sin destruir el entorno competitivo ni las finanzas públicas”, señalaron, al advertir que Gas Bienestar ha fracasado como política social y también como proyecto económico.

La propuesta, por lo anterior, solicita una revisión integral del programa para evaluar su viabilidad, un informe público de Pemex sobre costos, subsidios, ingresos y accidentes, un diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre el impacto en la competencia del sector, una auditoría de desempeño y legalidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y la comparecencia ante el Congreso de Luz Elena González Escobar, titular de la SENER; Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex; y Gustavo Álvarez Velásquez, director de Gas Bienestar.

La iniciativa fue respaldada por catorce senadores del PRI, entre ellos Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria, Rolando Zapata Bello y Claudia Anaya Mota, quienes insistieron en que el programa no puede seguir operando en esas condiciones sin una evaluación rigurosa de su impacto, sus riesgos y su sostenibilidad.