Jueces y magistrados del poder Judicial advirtieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene facultades para anular amparos y, por tanto, el “permiso” que le dio al INE para continuar con las elecciones judiciales es como un llamado a misa, porque no surte efectos legales.

LEE ADEMÁS: Inicia INE revisión de su presupuesto con diputados federales

El magistrado Juan José Olvera López insistió en que la opinión de la sala superior del TEPJF no exime al Senado y al Instituto Nacional Electoral (INE) de cumplir con las resoluciones judiciales, que les ordenaron suspender el proceso electoral.

“El Tribunal Electoral para apagar el fuego está lanzando gasolina. Me parece que esto es lo que está ocurriendo y esta es la consecuencia de estar opinando, no decidiendo, está opinando en un asunto que no es de su competencia y allí, en plena sesión, uno de los magistrados electorales lo hizo ver”, sentenció en conferencia de prensa.

Además, enfatizó que el hecho de que la reforma judicial ya esté vigente por haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y que las autoridades insistan en continuar, no significa que no se pueda revisar en un juicio de amparo, de los cuales hay cientos.

“Seguirá siendo revisado en juicio de amparo, en este momento hay suspensiones que están surtiendo efecto y lo que decidió el Tribunal Electoral es una opinión más, no libera de responsabilidad al Senado que le pidió opinión y no libera al INE que también le pidió medidas cautelares, una medida cautelar contra otra medida cautelar”, dijo.

En conferencia de prensa, señaló también que están a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una resolución sobre esta reforma, lo que obligaría al Estado mexicano a tomar las acciones necesarias, puesto que es parte de ese organismos internacionales y sus resoluciones son obligatorias.

Asimismo, recalcó que el representante de México reconoció expresamente que el gobierno federal no tiene ningún diagnóstico de la situación de la reforma judicial en el país y enfatizó que ello evidencia que contra los jueces y magistrados hay una campaña basada en mentiras y sin sustento real alguno.