No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, asegura Andrés Manuel López Obrador.

Quiere que Ricardo Anaya Cortés se presente ante el juez y responda a las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht.

El candidato presidencial en 2018 del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció el sábado que López Obrador quiere eliminarlo de la contienda 2024 enviándolo a la cárcel.

Ayer confirmó que deja México.

En un sistema de justicia y de derecho putrefactos y hediondos como el de México sí afecta.

¡Y de qué forma!

Al infierno para los reos, que deben pagar por todo para sobrevivir y donde la corrupción de celadores, de directores y de jueces permite toda clase de abusos y vejaciones de los líderes en contra de los de nuevo ingreso o de los que no tienen padrino, hay que sumar la línea para obstaculizar su salida.

El uso político de la Procuraduría General de la República (PGR) es histórico y de todos conocido.

Lo único distinto hoy es el nombre: Fiscalía General de la República (FGR), porque la corrupción y las transas son las mismas.

Y si no que le pregunten a Rosario Robles Berlanga.

La ex jefa de gobierno del Distrito Federal rebautizado como CDMX se quiso hacer la valiente y ¡zas! se topó con el sobrino de Dolores Padierna Luna, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de consigna que la mandó al reclusorio porque el domicilio de su identificación no coincidía con el declarado y porque el Ministerio Público lo recomendó debido a la gravedad de los delitos.

Robles está acusada de participar en la llamada Estafa Maestra, sistema mediante el cual se desviaron al menos 6 mil millones de pesos del erario a través de universidades.

La realidad es que Robles, a quien Enrique Peña Nieto defendió una ocasión en Veracruz con aquella famosa frase “No te preocupes Rosario”, está en el bote porque traicionó a Andrés Manuel.

Y ahí se quedará hasta que algún día un alma caritativa la rescate.

Tal como sucedió con Elba Esther Gordillo Morales, la dueña del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien se atrevió a llamar ignorante a Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, y a desafiar a Peña Nieto, en su sexenio, rechazando la Reforma Educativa.

Andrés Manuel pidió a Peña Nieto liberarla antes de irse y así sucedió.

Anaya Cortés se dice perseguido político.

Acusa que desde Palacio Nacional se ha dado la orden de eliminarlo de la carrera presidencial, en la que dice volverá a participar.

En 2018 fue candidato de la alianza antinatura PAN-PRD y obtuvo 12.6 millones de votos.

Por encima de José Antonio Meade Kuribreña, del PRI.

López Obrador dice que él ni conoce a los testigos -los mismos que acusan al ex senador del PAN Jorge Luis Lavalle de recibir dinero a cambio de aprobar la reforma energética de Peña Nieto- y que la Fiscalía es independiente.

En mayo de 2019, Andrés Manuel pidió a la FGR indagar y castigar a quienes hayan afectado a Anaya Cortés en la campaña de 2018, cuando fue acusado de lavado de dinero y exonerado al concluir el sexenio peñanietista.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la extinta PGR sí afectó la equidad en la contienda.

Por cierto, su carnal, Marcelo Ebrard Casaubon, hoy secretario de Relaciones Exteriores y vicepresidente de facto, también se peló cuando le dieron el pitazo de que Peña Nieto lo quería en el tanque por filtrar la información de la Casa Blanca esa que se compró La Gaviota con su salario como primera actriz.

¿Por qué se fue si la cárcel fortalece?

A López Obrador lo desaforaron en 2005 por no acatar una orden judicial por el paraje San Juan, donde se hizo una calle.

El objetivo de Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari era eliminarlo de la elección presidencial.

La ley señala que si una persona a candidato se encuentra bajo proceso judicial pierde sus derechos políticos.

No podía ser candidato.

Finalmente Fox se rajó y Andrés Manuel fue candidato.

Felipe Calderón le robó el triunfo con aquel 0.56 por ciento.

Vámonos: No hay que perder de vista el crédito por 50 millones de dólares que negoció Altán para hacer frente a sus pasivos y que actualmente está siendo analizado por la juez concursal María Concepción Martí Argumosa. Para la empresa administradora de la banda ancha el crédito es un salvavidas. En tanto el Fonadin y Nafinsa levantan la mano, los compromisos con Huawei y Nokia sonde 800 millones de billetes verdes.

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