Este domingo 30 de marzo arrancaron oficialmente las campañas de la elección judicial 2025, el experimento más riesgoso en la historia democrática de México. Nunca antes un país había puesto en las manos del voto directo la elección de jueces, magistrados y ministros, figuras que tradicionalmente estaban blindadas del juego electoral. Ni siquiera Bolivia, de los pocos con un modelo similar, llega a este nivel. Esto es inédito. Y también peligroso.
Lo es, porque no nació como una propuesta de justicia participativa, sino como una revancha política. López Obrador perdió el control del Poder Judicial con la llegada de Norma Piña, pero con apoyo de aliados como Yunes Márquez consiguió los votos para reformarlo todo desde el Congreso. La consigna fue clara: si no puedes controlar al árbitro, cámbialo. Y lo cambiaron.
Ahora, más de 99 millones de ciudadanos tienen en sus manos la decisión sobre 881 cargos federales judiciales: desde jueces de distrito hasta ministros de la Corte. En total, más de 3 mil candidatos a jueces, magistradas y ministros serán votados el 1 de junio. A esto se suman más de 2 mil cargos estatales en 19 entidades.
LO QUE MAL INICIA…
Aunque el dato incómodo es otro: ¿vale la pena votar en algo que empezó tan mal? Porque sí, esto arrancó mal.
Las iniciaron formalmente este 30 de marzo, pero desde hace meses hubo actos anticipados: entrevistas pautadas, giras, espectaculares, reuniones con políticos. Candidatos como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz se promocionaron abiertamente. Y aunque hubo denuncias, el INE y el Tribunal Electoral no sancionaron a nadie.
Eso fue la primera alerta. Pero no la única
El proceso de selección de aspirantes fue débil. Según la organización Defensorxs, AC, se colaron perfiles altamente cuestionables: abogados de narcos como el Z-40, exjueces sancionados por abuso sexual, exfuncionarios penitenciarios señalados por corrupción e incluso un aspirante con acusaciones de desaparición forzada de un periodista. Todo eso, validado como “idóneo”.
La propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anticipó que la participación ciudadana podría ser tan baja como 8% o 15%, un nivel de abstencionismo que dejaría la elección judicial en manos de minorías organizadas, estructuras partidistas e intereses oscuros.
¿Y qué tipo de intereses? México Evalúa lo advierte con claridad: el crimen organizado buscará capturar los poderes judiciales, sobre todo a nivel local. Vienen de unas elecciones -las de 2024- que dejaron más de 550 víctimas de violencia político-criminal, y el riesgo es que ahora se impongan también a través de los juzgadores.
EL COSTO DEL VOTO
Frente a todo esto, muchos dirán: “¿Para qué votar?” Y es comprensible. Un proceso que comenzó como revancha, que avanzó con irregularidades y que hoy parece diseñado para fracasar.
Pero mientras millones se alejan, otros sí están eligiendo: los intereses económicos, los partidos, el crimen. Y si ellos deciden quién juzga, la justicia estará aún más lejos de la ciudadanía.
No se trata de confiar ciegamente en el sistema. Ni de creer que un voto cambiará todo. Pero tampoco se trata de regalar el espacio. Porque la justicia, que se construye sin la gente, termina lejos de la gente.
Los jueces que aparezcan en las boletas no serán perfectos. Algunos no debieron estar. Pero también hay perfiles que sí valen. Y son los únicos que pueden marcar una diferencia.
Y si alguien decide no votar, que al menos tenga claro lo que significa ceder ese espacio. Porque quizá mañana, al acudir a un tribunal, descubramos que quien nos juzga no debió estar nunca ahí… y nadie hizo nada para evitarlo.
