En tiempos de dificultades económicas, los gobiernos suelen buscar por debajo de las piedras para obtener recursos. Y el de Claudia Sheinbaum no parece ser la excepción.
El paquete económico 2026 llegó con un incremento al IEPS en refrescos y cigarros. Nadie puede oponerse a reducir su consumo. Pero el problema es otro. Lo que llaman “impuestos saludables”, en realidad son 41 mil millones de pesos extra al año.
Y dicen que ese dinero irá a un fondo para la salud. La letra chiquita, sin embargo, no lo confirma. Una vez que entra a las arcas de Hacienda, la recaudación se mezcla con el resto de los ingresos públicos. Su destino ya no es la salud, sino lo que la secretaría decida. En pocas palabras: lo recaudado se vuelve dinero discrecional.
NUEVO ENEMIGO PÚBLICO
La semana pasada, en San Lázaro, un grupo de diputados oficialistas propuso una nueva medida fiscal: cobrar impuestos a las bebidas con electrolitos orales como si fueran refrescos. La medida ya tiene el visto bueno del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y podría dejar más de 5 mil millones de pesos adicionales.
El argumento suena técnico: son productos que se venden como medicamentos, pero tienen cargas de azúcar comparables a un refresco. Pero en la práctica, lo que manda es el cash. Aquí no se trata de corregir un vacío regulatorio, sino de abrir otra fuente de recaudación.
Y el contexto lo confirma: la deuda pública sigue creciendo, el déficit es cada vez más difícil de disimular, y los ingresos petroleros ya no alcanzan. Por eso, más que un compromiso con la salud, el mensaje es el de un gobierno urgido de dinero.
CAMPAÑA SOSPECHOSA
Lo más llamativo no es la iniciativa en sí, sino la campaña coordinada en medios y redes que, de pronto, comenzó a hablar de las “ventajas fiscales” de las bebidas con electrolitos. Columnas, notas y debates televisivos empujan la narrativa de que es justo que paguen impuestos.
La coincidencia no parece casual. Mientras el gobierno evita discutir cómo recauda y, sobre todo, cómo gasta, se concentra en señalar productos de consumo popular para justificar más impuestos.
¿De verdad el problema del país son los electrolitos? ¿O es que resulta más fácil cargar impuestos al consumidor promedio que revisar el gasto corriente, los megaproyectos o la nómina federal?
¿IMPUESTOS SALUDABLES?
El discurso oficialista insiste en que estos ajustes buscan incentivar hábitos de consumo más sanos. La realidad es menos romántica. México sigue sin políticas integrales de prevención y el sistema de salud enfrenta carencias que van desde medicamentos hasta infraestructura.
En otras palabras: los “impuestos saludables” pueden sonar bien en papel, pero no garantizan ni prevención ni atención médica. Lo que sí aseguran es más dinero en las arcas federales, en un año donde el margen fiscal se achica y la incertidumbre global crece.
Ahora, con los electrolitos orales en la mira, te pregunto: ¿estamos frente a un Estado que cuida la salud de sus ciudadanos o frente a un gobierno que ya no sabe de dónde sacar dinero?
EL DATO INCÓMODO
En San Lázaro, el morenista Armando Corona Arvizu propuso cárcel de hasta seis años por difundir stickers, memes o audios hechos con inteligencia artificial sin consentimiento. Si la víctima es servidor público, la pena aumenta. Una ley presentada como defensa contra el ciberacoso que huele más a censura.
