PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
A la pobreza y marginación en que viven las comunidades indígenas del país, hay que sumar el acceso desigual a la educación, como lo evidencia que en el ciclo escolar 2020-2021, 8 entidades federativas carecían de escuelas del servicio indígena: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.
Un análisis de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señala que a pesar de que la población indígena y hablante de lengua indígena está presente en todas las entidades del país, las escuelas de este tipo de servicio se concentran, principalmente, en las regiones del sur y del sureste del territorio nacional.
Y aunque no todas las entidades federativas requieren contar con escuelas del servicio indígena, el organismo consideró que sería deseable que existieran programas o apoyos específicos para las y los hablantes de lenguas indígenas matriculados en escuelas de otros tipos, como las generales y técnicas, por ejemplo, que no están diseñadas para atenderlos en su lengua materna. Además, los cursos comunitarios se concentran en localidades altamente marginadas y en entidades federativas donde el porcentaje de tales localidades es alto.
El documento Principales Hallazgos 2022 establece que, aunque hay una gran disponibilidad de espacios en el sistema educativo nacional, la oferta educativa aún no es suficiente ni del todo pertinente para que cada niño, niña o adolescente pueda acceder a una institución educativa en condiciones de equidad.
A este panorama se suma que las escuelas que atienden a población indígena son las que presentan una infraestructura menos favorable. No tienen presencia en la capital del país y representan menos del 10 por ciento de las escuelas de educación básica (EB) en las entidades del norte de México.
Asimismo, las escuelas que atienden a la población infantil agrícola migrante están presentes en 15 de las 32 entidades. Poco más de la mitad se concentra en Sinaloa, con 103; seguido de Sonora con 19 por ciento del total y Baja California Sur con 12 por ciento.
El reporte subraya que el servicio indígena también es predominantemente rural, pues en el ciclo 2020-2021, 82.7 por ciento de las escuelas de educación inicial, 85.5 por ciento de los preescolares y 89.2 por ciento de las primarias de este tipo de servicio se ubicaban en localidades con menos de dos mil 500 habitantes.
En este contexto, enfatiza que los planteles de educación media superior son escasos en las localidades con menos de 250 habitantes; en aquellas de 250 a 499 habitantes comienzan a tener presencia sólo los planteles de sostenimiento estatal, con 11.3 por ciento; éstos aumentan hasta 44.5 por ciento en las localidades que tienen entre 500 y dos mil 499 habitantes, mientras que los planteles autónomos y privados son predominantemente urbanos.
En este contexto, Mejoredu subrayó que el tipo de escuela al que pueden acudir los estudiantes depende, en gran medida, de las características del entorno donde residen y esto puede tener implicaciones en la formación de los estudiantes, pues mientras las escuelas generales urbanas suelen tener una infraestructura más completa, las indígenas y comunitarias presentan con mayor frecuencia carencias de servicios básicos.
“Independientemente del tipo de servicio, todos los sistemas educativos estatales están obligados a garantizar el acceso a una buena educación a la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sin importar la localidad donde habitan; no hacerlo configura una carencia que profundiza las brechas sociales”, asentó.
Por otro lado, las poblaciones indígenas enfrentan en la gran mayoría de los casos un alto grado de marginación, lo que dificulta su acceso a la educación. La marginación resume la condición socioeconómica de la población en una región geográfica, de manera que es posible distinguir la que se encuentra en mejores o peores condiciones de vida, de acuerdo con las características de la vivienda, su educación, sus ingresos monetarios y la localidad en la que viven.
En tanto, la condición de pobreza es otra manera de distinguir la situación socioeconómica de la población a través de dos dimensiones: los derechos sociales y el bienestar económico.
Si una persona no tiene garantizados los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a los servicios en la vivienda y espacios en la vivienda y a la seguridad social, y no dispone de un ingreso monetario suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, se puede considerar en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Ambas condiciones, marginación y pobreza, permiten visibilizar brechas en el grado promedio de escolaridad entre la población con mejores condiciones, recursos y oportunidades, y aquella cuyo contexto no favoreció su incorporación, permanencia y egreso de la escuela.
La población que residía en municipios de alta y muy alta marginación alcanzó un grado promedio de escolaridad de 6.8, en contraste con los municipios de media, baja y muy baja marginación que tuvieron 9.9 grados en promedio.
