En medio de máxima tensión, discutirá la Corte la reforma judicial

El proyecto del ministro Alcántara Carrancá necesita ocho votos para poder anular la elección de jueces y magistrados



Foto: Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este martes la discusión de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional en materia del poder Judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, en un ambiente de máxima tensión por la crisis que podría generar la decisión judicial.

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El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, que admitió acciones de inconstitucionalidad del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, diputados del Congreso del estado de Zacatecas y del partido Unidad Democrática de Coahuila, plantea invalidar algunas partes de la reforma constitucional, con lo que se eliminarían las elecciones de jueces y magistrados del país.

La que ha sido calificada por especialistas como una salida política, tendrá que tener el voto a favor de 8 ministros para que pueda validarse, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, y legisladores federales advirtieron que no acatarán una decisión de este tipo, lo que abriría la puerta una crisis mayor.

Momentos cruciales

En este contexto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que en estos momentos en donde la democracia enfrenta amenazas sin precedentes, los integrantes del Poder Judicial de la Federación han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares, a pesar de las calumnias, infundios y agresiones que han recibido.

“Lejos de amilanarse ante la adversidad, las y los trabajadores han redoblado esfuerzos manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial de la Federación”, aseguró durante la ceremonia de reconocimientos por años de servicio en el Poder Judicial de la Federación.

Agregó que en las y en los trabajadores de la Corte recae la enorme responsabilidad de continuar sirviendo a nuestro país, “para asegurar que cada persona en la nación tenga garantizado su derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial”.