Envía AMLO a Congreso nueva ley para bajar a entes autónomos

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente una iniciativa que reforma 2 artículos de la Constitución, para que ningún funcionario público de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos y alcaldes de la Ciudad de México gane más que el Ejecutivo Federal

La propuesta presidencial modifica los artículos 116 y 127 de la Ley Suprema, para establecer que el servidor público recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que debe ser proporcional a su responsabilidad.

El proyecto de decreto destaca que la remuneración que perciba el funcionario de organismos constitucionalmente autónomos no implicará una vulneración a su autonomía presupuestaria.

Además, agrega, se realizará con respeto al ejercicio de sus atribuciones puesto que estos deberán proponer los tabuladores respectivos que serán incluidos en el presupuesto de egresos.

Establece que los entes públicos dotados de autonomía reconocida en la Carta Magna son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

También, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales agrarios, así como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, organismos con autonomía reconocida en las leyes tanto federales como locales.

Según la iniciativa, la retribución que reciba el titular del Ejecutivo Federal permanecerá como base para establecer un límite a las remuneraciones de quienes prestan servicios a la nación.

Se señala que las remuneraciones que sean superiores al límite máximo establecido deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto.

El Congreso, así como las legislaturas de las entidades, en el ámbito de su competencia deberán expedir o adecuar la legislación aplicable.