Escuelas de tiempo completo

Debe reponerse programa ‘Escuelas de Tiempo Completo’, advierte Mexicanos Primero

26, septiembre 2022

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, funcionarios de la secretaría de Hacienda e incluso legisladores podrían ser sancionados por un juez, en caso de que incumplan con la instrucción de reponer el programa Escuelas de Tiempo Completo, advirtió la organización Mexicanos Primero, quien interpuso el amparo que fue resuelto a su favor.

Hasta el momento la SEP sólo ha anunciado que presentará recursos contra el fallo judicial y que están pendientes de resolver alrededor de 33 amparos sobre este mismo tema, por lo que este programa sigue sin funcionar.

Jeny Farías, directora de Operaciones Especiales y Proyectos de Mexicanos Primero, explicó que la sentencia de la jueza tercera de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México establece claramente que la SEP tiene que reponer el programa, porque se debe privilegiar el derecho de los niños a los beneficios de este programa y eso se tiene que cumplir, independientemente de si la secretaría decide interponer un recurso de revisión.

“El amparo que ya tiene sentencia se tiene que ejecutar, porque es una suspensión definitiva, si bien procede el recurso de revisión, se tendría que interponer ya con las escuelas de tiempo completo funcionando”, advirtió la funcionaria en entrevista con Ovaciones.

Precisó que, si bien esperarán a conocer la respuesta de las dependencias involucradas a esta suspensión definitiva, de no registrarse avances Mexicanos Primero solicitará que se apliquen medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Explicó que el programa Escuelas de Tiempo Completo contaba con 27 mil escuelas, que atienden a 1.6 millones de niños con un programa de alimentación, especialmente en zonas de alta marginación y un total de 3.6 millones de alumnos en horarios ampliados.

Por lo que se refiere al programa La Escuela es Nuestra, detalló que las reglas de operación que se emitieron a principios de este año no contemplan ni el componente de alimentación ni las clases extracurriculares que se impartían a los niños, niñas y adolescentes, por lo que es responsabilidad de la Cámara de Diputados modificarlas.

Además, la manera en que se distribuyen actualmente los recursos, a través de transferencias directas a los comités de participación escolar, deja a la discrecionalidad el manejo de ese presupuesto e incluso los padres de familia y directivos podrían optar por otras cosas en lugar de la alimentación, lo cual es altamente preocupante. Por lo que toca a la secretaría de Hacienda, le corresponde dotar de presupuesto suficiente a las escuelas de tiempo completo.

Ante este panorama, Jeny Farías insistió en que la SEP tiene que atender la suspensión judicial y reponer de inmediato el programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que Mexicano Primero esperará a ver si lo hace y si no recurrirá nuevamente ante el juez para que haga cumplir su sentencia a cabalidad.

LITIGIO ESTRATÉGICO

Por lo que se refiere al área que ha interpuesto una serie de amparos contra diferentes temas en materia de educación, la representante de la organización rechazó que esta área sea un ariete contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo ha declarado.

Enfatizó que el área de litigio estratégico tiene más de 10 años operando y por tanto ha litigado en diferentes administraciones, de distinto sello político, pues su objetivo es mejorar la calidad de la educación en México.

Insistió en que en el caso de las Escuelas de Tiempo Completo se trata de un derecho ganado por los estudiantes y sus familias, que no puede ser regresivo, como lo establecen las leyes, y en todo caso si presentó alguna falla procedería corregirla y no eliminar esta posibilidad de atención para los alumnos, pues en muchos casos los alimentos en la escuela eran la única fuente de alimentación para los menores de edad.

IRREGULARIDADES MENORES

La Auditoría Superior de la Federación detectó en la revisión de la Cuenta Pública 2019 irregularidades menores, pues de 7 mi 832.2 millones de pesos auditados, se formularon observaciones derivadas de irregularidades en el ejercicio de los 230 millones de pesos, cifra que representó el 2.9 por ciento respecto de la muestra auditada.

Entre las principales irregularidades estuvieron Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; transferencias a otras cuentas bancarias; pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o programa y recursos o rendimientos financieros no comprometidos, ni devengados al 31 de diciembre de 2019 o no pagados al 31 de marzo de 2020, sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.