El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que la administración de Donald Trump alista una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con acciones que podrían incluir acusaciones en tribunales federales estadounidenses.

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Un artículo de Los Ángeles Times retoma un acto en Los Mochis, Sinaloa, donde el diplomático afirmó que la corrupción afecta la estabilidad económica y la inversión. “La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza”, señaló ante empresarios y autoridades.

Según el rotativo estadounidense, la estrategia contempla medidas más allá de la revocación de visados, aplicada por el Departamento de Estado a políticos mexicanos, e incorpora procesos judiciales en Estados Unidos contra actores públicos señalados por vínculos con cárteles.

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos, México y Canadá revisan el tratado comercial regional, eje de la economía mexicana dependiente de exportaciones, lo que introduce presión en la relación bilateral.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el viernes a las declaraciones y afirmó que su gobierno trabaja en medidas anticorrupción. “Eso es exactamente en lo que estamos trabajando. Estados Unidos debería hacer lo mismo”, declaró.

El texto, firmado por Steve Fisher, afirma que la ofensiva considera el uso de testimonios de exintegrantes del crimen organizado bajo custodia estadounidense, incluidos operadores de cárteles que podrían aportar información sobre redes de protección política y policial.

Destaca que el mensaje fue emitido en Sinaloa, entidad identificada como base de operación de un cártel de alcance internacional, donde autoridades locales han enfrentado protestas y señalamientos por presuntos vínculos con estructuras criminales.

La campaña anunciada por el gobierno de Estados Unidos incorpora herramientas judiciales para actuar contra funcionarios mexicanos señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Autoridades estadounidenses han aplicado medidas previas como la revocación de visados a políticos mexicanos señalados, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado tener vínculos con el crimen organizado.

El anuncio se emitió durante un encuentro empresarial en Los Mochis relacionado con la construcción de una planta de metanol con inversión estadounidense, donde el embajador vinculó condiciones de inversión con niveles de corrupción institucional.