Ex convicto, corruptos y, casualmente, Felipe Calderón, detrás del alzamiento en la Policía Federal: Alfonso Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño desenmascaró hoy a quienes están detrás del alzamiento en la Policías Federal.

Reveló que el principal instigador, es el ex convicto de secuestro, Ignacio Benavente Torres, hoy presidente de la ONG, Pro libertad y Derechos Humanos en América, con sede en Tijuana, Baja California.

Además, dijo que varios de los líderes visibles en las protestas están ligados a grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la corporación.

E, imputó: “…no es casual que uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón (expresidente de México) fuera nada menos que su representante sindical”. El mandatario, hoy se rasga las vestiduras por defender a la Policía Federal cuando pudo hacerlo en funciones.

En conferencia de prensa también dijo que en el movimiento hay grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal.

El impactante reporte se produjo horas después de la denuncia que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que detrás del alzamiento había “mano negra” y que se abandonó la corporación.

Alfonso Durazo, también dijo que se investigan actos de corrupción millonarios con la compra de equipo y que derivará en denuncias administrativas en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas denuncias implican a funcionarios que estuvieron en la dependencia 2015 año en el que estaba al frente Renato Sales Heredia, quien asumió el 27 de agosto de ese año.

El secretario de Estado también exhibió a las empresas que monopolizaron el 32.68 por ciento de la cobertura de seguridad en el Gobierno Federal.

Estas son: Cusaem, Servicios Industriales e Institucionales y Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Sociedad Anónima.

EL ALZAMIENTO

Respecto a los hechos ocurridos el día de ayer por la transferencia de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, el secretario Durazo Montaño reportó que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, ha estado atendiendo la mesa de diálogo de manera permanente con representantes del grupo de policías federales inconformes.

Dijo que se acordó liberar las vialidades públicas en la Ciudad de México y en algunos tramos carreteros que habían sido tomados para afectar a la ciudadanía, pero “esto sucedió de manera parcial”.

A los policías y sus representantes, en las mesas de negociación, se les hizo saber que no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Estos están establecidos en la ley y para cumplir estándares internacionales. “Los requisitos de acceso deben ser rigurosos”.

 

Reconoció fallas de comunicación interna paralela a la creación de la Guardia Nacional que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales.

Indicó que dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal.

“No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”.

También fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolinas no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros.

SITUACIÓN LABORAL

El secretario garantizó no habrá ningún despido. “Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, bien en la Guardia Nacional si es de su interés, o en alternativas como la Comisión Nacional Antisecuestros, la Dirección General de Seguridad Privada, mencionaba ya el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, el Sistema Penitenciario, Protección Civil, ya mencionaba el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o Administración General de Aduanas y a cualquier otra división de la propia Policía Federal.

Informó que la Guardia Nacional “no va a trabajar por operativos, no vamos a traer a los elementos de arriba hacia abajo, va a tener un despliegue permanente, van a tener una adscripción permanente, de tal manera que junto a su proyecto de vida profesional puedan realizar también un proyecto de vida personal”.

Así, el despliegue permanente hace injustificable el pago del bono de operación que demandan, toda vez que este bono se ha justificado históricamente en virtud del pago por operativos que realizaba la Policía Federal fuera de sus centros en los que radicaban los elementos.

FINIQUITO DE LA POLICÍA FEDERAL

Explicó que el proceso de finiquito de la Policía Federal se dará en 18 meses, para lo cual se creará una Unidad de Transición que: liquidará pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción.

Además de readscribirse, los Policías Federales podrá promover además el Programa de Retiro Voluntario sujeto a la disponibilidad presupuestal, obviamente o la liquidación o jubilación en términos de ley.

Asimismo, para los policías que deseen y acrediten pasar a Guardia Nacional, la Coordinación de Administración y Finanzas de la propia Guardia será la responsable de realizar el trámite de incorporación correspondiente, respetando invariablemente los niveles salariales y las prestaciones de seguridad.

El personal de la Guardia contará con un seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida institucional.

AUDITORIAS E INVESTIGACIONES

Con motivo del proceso de transición y extinción de la Policía Federal se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública una auditoría integral de cierre del organismo. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación abrió una auditoría para la revisión de la cuenta pública 2018 y se buscará que tanto la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo un trabajo coordinado para potenciar el alcance de las auditorías de cierre de la Policía Federal.

Uno de los temas que están en litigio actualmente al interior de la Policía Federal es la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015.

El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente es conocido con el nombre de Rafael, el análisis, diseño e implementación del sistema de explotación de la información de inteligencia.

Ese es el objetivo de este sistema y se adquirió por dos mil 458 millones de pesos, un solo producto de inteligencia.

Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos aproximadamente.

El 7 de febrero del presente año se presentó denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en la contratación, en la adquisición de este equipo.

Además de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, también se presentará una denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable. Estimaciones diversas hablan de un sobreprecio de este producto que se multiplicaría o que dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

Alfonso Durazo adelantó que se consolida el Servicio de Protección Federal órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y tiene la posibilidad de contratar servicios de seguridad a privados y al propio gobierno.

Explicó que el gobierno de la República contrata 40 mil policías a empresas de seguridad privada. Y estamos en el proyecto que sean el propio gobierno quien, gradualmente, se encargue de la prestación de este servicio a las propias dependencias del sector público que le pagarán al Servicio de Protección Federal recursos que servirán para financiar su crecimiento.

El secretario destacó que el gobierno contrata 39 mil 107 elementos y tres empresas de seguridad privada son las que cubren el 32.68 por ciento de las instalaciones federales.

Ellas son Cusaem, Servicios Industriales e Institucionales y Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Sociedad Anónima.