La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), se suma al reclamo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y exige a las autoridades mexicanas una investigación rigurosa y transparente sobre el hallazgo de restos humanos en un rancho de Jalisco.
Ello, presuntamente vinculado “a un poderoso grupo del crimen organizado”, indicó su comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, quien aseveró: “la CIDHPDA exige que las autoridades mexicanas actúen con urgencia, sin demora y con total transparencia. Este caso debe ser esclarecido y no puede quedar impune”.
Recordó que los restos fueron encontrados en un predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron hornos crematorios clandestinos y objetos personales, pero también era un lugar donde jóvenes eran reclutados mediante falsas ofertas de empleo y entrenados para formar parte del crimen organizado.
La ONU, a través de su portavoz Liz Throssell, señaló que este suceso “es un recordatorio del grave trauma causado por las desapariciones forzadas relacionadas con el crimen organizado en México”.
También destacó que, a pesar de que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco efectuaron una inspección del rancho en septiembre de 2024 sin encontrar evidencias concluyentes, el gobierno mexicano se comprometió a realizar una investigación más profunda sobre los posibles fallos cometidos.
En enero de este año, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas habían alertado sobre el uso del rancho como un centro de exterminio.
Asimismo, observó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al igual que la ONU, lamentó las omisiones de las autoridades mexicanas en relación con los hallazgos en el Rancho Izaguirre; y ambas organizaciones criticaron la falta de acción en asegurar el lugar y en investigar denuncias previas, lo que permitió la continuidad de actividades criminales.
En este tenor, la CIDHPDA señaló que Amnistía Internacional también se sumó para exigir una investigación exhaustiva y un trato digno para las víctimas, y hace un llamado “urgente al gobierno mexicano para que redoble sus esfuerzos en el combate a la delincuencia y garantice una investigación profunda y sin impunidad sobre los responsables de los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre”.
Además, consideró imperativo que se tomen medidas inmediatas para evitar que se sigan construyendo lugares de tortura y exterminio, como este rancho, y que se brinde el apoyo necesario a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas.
No dejó de señalar que este caso debe ser esclarecido y no puede quedar impune, toda vez que “las familias afectadas merecen justicia y, en este sentido, las autoridades tienen una responsabilidad ética y legal de investigar, sancionar a los responsables y garantizar que no se repitan hechos tan atroces”, dijo Gutiérrez Yáñez.
La CIDHPDA reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continúa trabajando en conjunto con la comunidad internacional para asegurar que las víctimas de desapariciones forzadas y otros crímenes atroces reciban justicia y reparación.
