Aida Ramírez / Ovaciones

Foto: Rogelio Morales /Cuartoscuro.com

Sobre aviso no hay engaño, y este jueves 15 de febrero miles de automovilistas se vieron afectados con la marcha y paro de transportistas que derivó en el bloqueo de varias carreteras en el país, exigiendo al gobierno federal ponga un alto a los robos, extorsiones y asesinatos en el gremio que se han incrementado en este sexenio.

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Desde las primeras horas de la mañana y en algunos casos pasado el mediodía o entrada la tarde, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) paralizaron las vías, denunciando también, pérdidas de unos siete mil millones de pesos durante 2023.

Las carreteras que confluyen en la Ciudad de México como la de Puebla, Querétaro, Pachuca y Cuernavaca, poco a poco se vieron entorpecidas para ser transitadas.
Según reportes, la única que no sufrió afectaciones fue la de Toluca; en tanto que el Arco Norte de la Ciudad de México informó que se había restablecido la circulación en la caseta Jilotepec, pasadas las 13:00 horas, después de casi cinco horas de bloqueos por parte de los agremiados.

En tanto que miembros de la AMOTAC detuvieron su marcha hacia la CDMX en los límites con el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y en la Ignacio Zaragoza, ya que la policía antimotines les cerró el paso, pues la intención era llegar al Zócalo capitalino, por lo que los carriles permanecieron bloqueados.

Mientras que en otras entidades como Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Jalisco, Veracruz, Chiapas, y hasta en Acapulco, Guerrero, donde estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, varios de los 100 mil hombres-camión agremiados en dicha Alianza, decidieron tomar las carreteras.

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Las demandas de la AMOTAC al gobierno federal son garantizar la seguridad de las carreteras; prohibir vehículos doblemente articulados; emplacamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; establecer tarifas oficiales; reclasificar las carreteras; aplicación de reglamento estatal y federal de grúas; eliminar el pago de permisos municipales para trabajar; detener abusos y extorsiones por parte de la policía y, la evolución de las carreteras federales.

Apenas hace unas semanas, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), indicó que por los asaltos a camiones de mercancía, la industria perdió alrededor de siete mil millones de pesos en 2023.

Y la Canacar (Cámara Nacional de Autotransporte de Carga) reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia durante el año que recién concluyó, además de un estimado de entre 50 y 150 conductores asesinados, y un incremento de casi 5.0% de los robos a camiones con mercancía en 2023.

Este jueves, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde dijo al presidente López Obrador, que se han llevado a cabo “120 reuniones”, que han derivado en algunos acuerdos, como el incremento de elementos de la Guardia Nacional y de unidades para patrullar; y algunas medidas administrativas, pero ninguna estrategia que permita vislumbrar que la paz y la seguridad retornará a las carreteras del país, lo que podría ser perjudicial para el tema del nearshoring.

Pero además, la cifra de reuniones contrasta con lo dado a conocer por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el pasado 4 de febrero, cuando informó que entre los primeros acuerdos alcanzados con la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco), Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMTAC), y Unión de Transportistas de Carga (Utracasin), estaban la integración de tres mesas de trabajo.

Una sobre Seguridad en carreteras por parte de la SSPC y la Guardia Nacional; la segunda es sobre Atención administrativa por parte de la Segob y SICT; y la tercera mesa es de Enlace con las autoridades estatales y municipales, también por parte de Gobernación.