Exoneran a 4 implicados en el caso Ayotzinapa

Un juez federal de Tamaulipas exoneró a cuatro integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos al no comprobarse su plena participación en la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Sin embargo, solo uno de estos podrá abandonar la prisión, debido a que los otros tres tienen cargos pendientes derivados de delitos federales, particularmente, relacionados con secuestro y delincuencia organizada.

El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federal, con sede en Tamaulipas, informó que el único que podrá abandonar la cárcel es Luis Alberto José Gaspar El Tongo.

Marco Antonio Ríos Berber El Cuasi permanecerá en prisión, pues aunque se dice que él fue el encargado de comprar el diésel con el que se incineró a los jóvenes, no se pudo acreditar el hecho. Se quedará porque tiene pendientes procesos por privación ilegal de la libertad y narcotráfico.

Martín Alejandro Macedo Barrera El Becerro y Honorio Antúnez Osorio El Patachín, están en la misma situación.

Hay que destacar que la Procuraduría General de la República aún tiene oportunidad de imputar otros cargos si durante la pesquisa surgen nuevos elementos.

La resolución del juez David Calderón Blanc, se dictó dentro de la causa penal 100/2014.

Familiares de los 43 estudiantes exigieron la semana pasada a la actual administración que acate una reciente sentencia judicial que ordena la creación de una comisión de la verdad para esclarecer este caso aún impune y que sigue indignando al país.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la cercana Iguala, quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado que los asesinaron e incineraron, según la investigación oficial.

Desde ese día, solo se han hallado e identificado cabalmente los restos de uno de los estudiantes, y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nadie está siendo procesado por desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.

El lunes el Consejo de la Judicatura Federal anunció que un tribunal ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para este caso, integrada por familiares de los estudiantes desaparecidos, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Federación.

Los padres de los jóvenes también pidieron el regreso de los expertos independientes de la CIDH que apoyaron en la investigación durante nueve meses en 2015.

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