Mientras en el Museo de la Ciudad de México se desarrollaba la Reunión Interestatal de Coordinación contra el Robo de Vehículos, en la colonia Cuauhtémoc una denuncia por extorsión derivó en un operativo policiaco, un enfrentamiento armado y la detención de seis personas, al tiempo que se ejecutaba el operativo “Cazador II” contra el robo de vehículos y la venta ilegal de autopartes.

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En ese encuentro, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se abordó la extorsión como uno de los delitos prioritarios y se planteó ampliar la coordinación metropolitana más allá del combate al robo de vehículos. Esa definición coincidía con una intervención en campo derivada de una denuncia recibida mediante una llamada telefónica al área especializada de combate al delito de extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que se alertó sobre amenazas contra trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería ubicada en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc.

A partir de ese reporte, elementos de la SSC desplegaron vigilancias fijas, móviles y discretas en la zona para proteger a las posibles víctimas e identificar a los probables responsables.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia, los presuntos extorsionadores regresarían al sitio. Cuando arribaron armados al punto que se mantenía bajo vigilancia policial, los elementos intervinieron para su detención; sin embargo, uno de los sujetos realizó disparos contra los policías, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión para proteger su integridad y la de las personas que se encontraban en el lugar.

El enfrentamiento fue controlado con apoyo de otros equipos de trabajo y el sobrevuelo de una unidad de los Cóndores. En el sitio fueron detenidos cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años, y minutos después otras dos personas fueron aseguradas en la misma zona, con lo que el saldo final fue de seis detenidos.

Durante los hechos, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó lesionado en la cavidad abdominal y fue trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

Sostuvimos la 4ª Reunión Metropolitana con gobernadoras y gobernadores de la región en la #CapitalDeLaTransformación para dar seguimiento, evaluar y tomar decisiones conjuntas frente a uno de los delitos que más nos ocupa: el robo de vehículos.

Este esfuerzo de coordinación… pic.twitter.com/fMXt6nIRsB

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 18, 2025

Mientras se desarrollaban estos hechos, en la reunión encabezada por Clara Brugada Molina se expuso que la ampliación de la coordinación metropolitana contra la extorsión contempla acciones como el incremento de revisiones en centros penitenciarios, el fortalecimiento de inhibidores de señales electromagnéticas, la revisión y actualización de reformas legislativas para aumentar las penas y la armonización de los Códigos Penales estatales, así como la construcción de un pacto metropolitano contra este delito.

En el encuentro participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; así como representantes de los gobiernos de Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación regional frente a delitos que operan sin respetar límites territoriales.

De manera simultánea, autoridades capitalinas informaron los resultados del operativo “Cazador II”, enfocado en el combate al robo de vehículos, motocicletas y la venta ilegal de autopartes.

Como resultado del despliegue se aseguraron tonelada y media de autopartes, se recuperaron dos vehículos y se detuvo a una persona. Durante el operativo se realizaron siete cateos en inmuebles presuntamente relacionados con el desmantelamiento, acopio y comercialización ilegal de autopartes.

En la alcaldía Iztapalapa, las acciones se concentraron en el Barrio San Lucas; en Xochimilco, en la colonia Paraje Zacapa y el Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa; y en Gustavo A. Madero, en la colonia San Felipe de Jesús. Además, el Instituto de Verificación Administrativa suspendió ocho locales comerciales por no contar con la documentación necesaria para su operación.

Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Las autoridades precisaron que las personas detenidas son consideradas inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.