La reciente discusión en el Senado de la República sobre la prisión preventiva oficiosa y su aplicación en casos de facturación falsa ha generado un amplio debate entre legisladores. Mientras algunos consideran esta medida una herramienta para combatir la corrupción, otros advierten que podría tener graves consecuencias para empresarios inocentes, exponiéndolos a procesos judiciales injustos.

En este sentido, Clemente Castañeda coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano destacó que la prisión preventiva oficiosa no ha demostrado ser efectiva para reducir la criminalidad ni la impunidad, por lo que advirtió que, en el caso de la facturación falsa, esta medida podría convertirse en un peligro para los empresarios que, sin intención, podrían ser acusados de delitos que no cometieron.

“Las facturas falsas que circulan en el mercado negro no son controladas por quienes presentan su declaración fiscal. Esto significa que cualquier empresario podría ser encarcelado mientras se investiga, aún cuando no sea responsable directo del delito”.

Además, subrayó que esta situación obligaría a los empresarios a extremar medidas en sus procesos de contabilidad, lo que podría ser insuficiente en un entorno donde no se ha puesto suficiente atención a este problema.

Por su parte, el senador priista Ángel García Yánez señaló que votó en contra de la medida, argumentando que su aplicación podría “llevarse entre las patas” a empresarios inocentes, especialmente aquellos que dependen de terceros para la gestión de sus facturas.

“El problema radica en que muchos empresarios podrían ser acusados de emitir facturas ilegales, cuando en realidad podrían ser víctimas de actos de corrupción en los que no participaron directamente”.
Agregó que esta problemática se arrastra desde administraciones anteriores, donde funcionarios públicos utilizaban facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes.

En contraste, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña defendió la figura de la prisión preventiva oficiosa, calificándola como “una medida dura pero necesaria” para casos de extrema gravedad.

“La prisión preventiva está diseñada para detener a delincuentes de alto riesgo, como líderes del narcotráfico, que podrían sobornar al Poder Judicial para obtener su libertad. Es una medida excepcional que debe aplicarse en situaciones extraordinarias”.

El Debate sobre el Fentanilo y las Relaciones con Estados Unidos

Otro tema que acaparó la atención fue la reciente aprobación de medidas para combatir la fabricación y distribución de fentanilo en México.

El senador García Yánez señaló que esta aprobación responde, en parte, a las presiones del gobierno de Estados Unidos, que ha señalado a México como responsable de la crisis de fentanilo.

“México no tiene la capacidad para desmantelar por completo estas redes, y el gobierno busca ‘lavarse las manos’ con esta iniciativa para dar una imagen de cooperación con Estados Unidos.”

García Yánez recordó que la economía mexicana depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, por lo que mantener una relación diplomática adecuada es crucial para evitar afectaciones económicas, especialmente en sectores como la exportación agrícola.

Finalmente, el senador emecista, aseguró que el gobierno y Morena “están tratando de quedar bien a como dé lugar con Donald Trump con el tema del fentanilo donde pues hay prácticamente nulo avance en la materia”.