La última sesión solemne de la actual integración del Poder Judicial de la Federación sirvió para dejar claro cómo tuvo que trabajar esta administración a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con el viento en contra del gobierno federal, pero también, para evidenciar la falta de compromiso de la autollamada ministra del pueblo electa, Lenia Batres Guadarrama, quien dejó sin concluir 36 asuntos que deberá resolver la nueva composición de la Corte.

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Y es que, el presidente de la Segunda Sala, el ministro Javier Laynez Potisek, al presentar también su último informe, según lo establece la reforma electoral, aseguró que se trabajó a marchas forzadas en los últimos ocho meses, ante el retiro además, del ministro Luis María Aguilar Morales, por lo que la integración estuvo incompleta, por lo que se dejó un rezago mínimo de asuntos al resolver 93.87% de casos en este tiempo.

“Estamos regresando a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes, cinco del ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro de los asuntos míos, dos asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres, estos 47 son los que se turnan como pendientes para que sea el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su nueva integración quien se encargue de resolverlos“, dijo.

Con la ausencia de las dos ministras citadas, Lenia Batres y Esquivel Mosa -quienes continuarán en la siguiente conformación-, así como del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la presidenta del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña acusó que a pesar de que en su administración se trabajó desde 2023 y hasta la fecha, “en un marco de condiciones de adversidad, sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, la desinformación, la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución.

“No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera en que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias, con justicia, respeto y objetividad“.

En lo que dijo, era su último mensaje de esta etapa de la Suprema Corte, mandó un mensaje al actual gobierno federal y a sus sucesores, al señalar que en “cada asunto grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce, y la narrativa en contra, es objeto de prueba“.

Asimismo, destacó que el organismo ejerció recursos públicos con estricto cumplimiento de la ley, al asegurar que se mantuvo una política de gastos “basada en disciplina presupuestaria, transparencia, eficiencia y austeridad, lo que permitió que cada año se alcanzara un ahorro presupuestal, es decir, se cumplieron los objetivos perseguidos con un gasto menor al presupuesto“.

También, señaló que el grupo de trabajo que se creó con el Pleno del Tribunal y la Comisión de Transición para la transferencia de recursos a los nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación, se conformó para asegurar una transferencia ordenada de recursos materiales, humanos, presupuestales y financieros, establecido por la reforma judicial de 2024.

La presidenta de la Primera Sala de la Corte, Loreta Ortiz Ahlf también rindió su informe en el que, aseveró, se cierra una etapa en la justicia en México, pero, señaló que ha llegado la hora de empezar a saldar las deudas históricas “que no sólo persisten sino que han cobrado altos intereses“.

En la sesión, que concluyó con un par de minutos de aplausos, asistieron los ministros en retiro Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales, Guillermo Ortiz Mayagoita, Margarita Luna Ramos, entre otros.