El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la discusión sobre la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría prolongarse hasta mayo de 2026, a fin de cumplir con el plazo legal que exige aprobar cambios un año antes de los comicios.

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Explicó que este margen permitirá que las cámaras realicen sus propios debates y destacó que la decisión presidencial de abrir la discusión evita que se trate de un trámite apresurado.

Precisó que, en la etapa inicial de elaboración del proyecto, no participará la oposición, ya que se trata de una iniciativa presidencial cuya integración corresponde exclusivamente a la titular del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, rechazó las críticas por la designación de siete integrantes identificados con Morena en la comisión especial, al recordar que en anteriores gobiernos tampoco se convocó de origen a todas las fuerzas políticas.

En cuanto al contenido de la reforma, sostuvo que la representación proporcional debe mantenerse, pero con ajustes que permitan a la ciudadanía ordenar las listas o incluir nombres, como ocurre en Uruguay.

Señaló que el problema no es la existencia del mecanismo, sino el procedimiento actual para definirlo, y consideró que modificarlo ayudará a fortalecer la democracia.

Sobre el financiamiento a los partidos, respondió a las posturas de los partido Verde Ecologista y del Trabajo, que se han manifestado contra su reducción y contra la desaparición de la representación proporcional, dijo que habrá tiempo para construir consensos, aunque en lo personal se pronunció por disminuir las prerrogativas, prohibir el financiamiento privado y transparentar el uso de recursos, y añadió que para que la reforma prospere será necesario un acuerdo entre Morena y sus aliados.

Apoya que los jueces electos puedan ser revocados

En otro tema, Fernández Noroña respaldó la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que los jueces electos por voto popular estén sujetos a revocación de mandato y sin fuero en determinadas circunstancias.

Amplió la propuesta a todos los niveles de representación pública, incluidos senadores, diputados, autoridades locales y titulares del Poder Ejecutivo, bajo el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Criticó que algunos congresos locales hayan resistido aplicar esta medida a autoridades de su ámbito y explicó que, aunque en el mundo existe la inmunidad parlamentaria o la inmunidad del cargo para evitar represalias políticas o económicas, todos los funcionarios deben estar sujetos al proceso de ley.

Recordó que, en sentido estricto, el único fuero que persiste en México es el militar, con tribunales especiales para juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas, y que en el caso de políticos y autoridades lo que existe es una forma procesal distinta para ser llamados a juicio.