La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpetas de investigación contra el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, y la jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, María Gabriela Ruíz Márquez, por presuntos delitos contra la administración de justicia. La investigación surge después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordara dar vista al Ministerio Público, tras las suspensiones que ambos juzgadores emitieron contra el proceso de implementación de la reforma judicial.

Juzgadores denuncian intimidación

Los jueces afectados revelaron en conferencia de prensa haber recibido notificaciones oficiales de la FGR solicitando información y documentación relacionada con sus resoluciones. La jueza Ruíz Márquez expresó su preocupación ante la situación: “Considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarnos, a influir en mi psique de cómo resolver, para intimidarnos“. Además, señaló que el Consejo de la Judicatura Federal ha iniciado un procedimiento disciplinario en su contra por las suspensiones definitivas que emitió contra el proceso legislativo de la reforma judicial.

Búsqueda de protección internacional

La magistrada Julia María del Carmen González calificó estas acciones como “un claro mensaje intimidatorio para todas las personas juzgadoras en este país“, advirtiendo sobre las implicaciones para la independencia judicial. Como respuesta a esta situación, el abogado internacionalista Zamir Fajardo Morales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en representación de 17 jueces, incluyendo al juez Santamaría Chamú, buscando protección contra lo que consideran ataques a la independencia del poder judicial.