La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes que solicitará formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la entrega de “pruebas y documentos necesarios” que sustenten las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.
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Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, detalló en conferencia de prensa que tras un análisis minucioso de la solicitud de detención y extradición enviada por Washington, no se encontraron elementos suficientes para proceder conforme a la urgencia que demanda el gobierno estadounidense.
“No hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, puntualizó Jiménez Vázquez.
El funcionario explicó que la solicitud fue revisada bajo la normativa del tratado bilateral de extradición entre ambos países. Subrayó que, para dictar una medida cautelar de tal magnitud, se requiere acreditar “más allá de toda duda razonable” la urgencia de la detención para evitar que los reclamados evadan la justicia, algo que los documentos actuales no logran demostrar.
Asimismo, la FGR fue enfática al señalar que el expediente recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 28 de abril no contiene evidencia de que el mandatario sinaloense haya participado en una conspiración para proteger al Cártel de Sinaloa.
“Golpeteo político”: La postura de la Presidencia
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la postura de la Fiscalía y cuestionó severamente la integridad de las supuestas pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. Durante su conferencia matutina del 30 de abril, la mandataria exhibió la fragilidad de los argumentos estadounidenses.
“Esta es la prueba que pone EU en este documento de supuestos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Es una hoja de papel”, declaró Sheinbaum, refiriéndose a los señalamientos que también involucran al senador Enrique Inzunza Cázárez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
La presidenta enfatizó que su administración se mantendrá en una postura de “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”. Advirtió que, de no presentarse pruebas contundentes e irrefutables que permitan una investigación bajo jurisdicción mexicana, la acusación será considerada como un “golpeteo político” contra el Gobierno de México.
