Una idea que permanece en un esbozo apenas, pero que adelanta una serie de complicaciones que bien pueden convertirse en un gasto sin fondo para el estado mexicano. No se cuestiona de la buena voluntad, pero el mercado es implacable cuando se trata de generar eficiencia y equilibrios en la formación y moderación de precios. Ahí, la discrepancia eterna sobre el papel del estado en torno a la regulación que, en este caso, pretende una mejor distribución para favorecer a aquellos cuyo poder adquisitivo se ve mermado por la adquisición a precios elevados de un bien de primera necesidad. Es así que el gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública dedicada a la oferta y comercialización del gas L.P. que, dicho sea de paso, no se implementa como una medida reguladora del estado hacia el mercado, sino más bien como una real intervención que vendrá a imponer distorsiones de muy difícil corrección en el futuro.

Las razones para la “no creación” de la mencionada empresa son muchas, y en un primer término se circunscriben a razones de economía interna de Petróleos Mexicanos, empresa que tan solo en el esquema administrativo y financiero actual generó para el pasado año un cúmulo de 480,966 millones de pesos. En ese panorama sombrío no se puede recargar una responsabilidad más que distraerá recursos humanos, tecnológicos y logísticos hacia un cometido que, de entrada, se sabe que no generará rendimiento alguno. Es más, es previsible que el “Gas Bienestar” será un profundo hoyo en la ya multiperforada estructura de la petrolera. El Gas Licuado de Petróleo sin duda es un componente muy importante en el consumo de los hogares mexicanos; el propio INEGI en el más reciente Censo de Población y Vivienda ilustra cómo un 79% de las viviendas en el país utilizan Gas L.P. lo cual consolida a México como el más grande mercado de dicho producto en América Latina y como quinto mercado de mayor importancia en el mundo entero. Tan solo en el país, la industria gasera vinculada a la distribución del producto ocupa laboralmente a poco más de 200 mil personas de forma directa y cerca de medio millón de manera indirecta.

Forzar a que el estado mexicano reoriente una estructura ya menguada desde PEMEX, pero, además, que genere las condiciones de logística e infraestructura para el almacenamiento, transporte y distribución se ve sumamente complicado en tiempos de dura astringencia económica. Lo peor en este contexto, es que, al no obtener utilidad alguna, el único medio para poder financiar una promesa de bienestar cuasi asistencialista es la deuda o el subsidio generalizado.

Pero al igual hay razones de mercado que deberían tomar en cuenta quienes pretenden generar un bienestar perecedero. La entrada en el esquema comercial de un producto a precios muy por debajo de sus competidores del ramo, tiende generalmente a eliminar al rival. En este caso, estamos hablando de condiciones muy ventajosas para una empresa pública ya que, cuenta con capital del estado y con el brazo regulador del gobierno para generar las condiciones de funcionamiento necesarias, cuestiones de las que adolece su contraparte privada. No será este el caso donde la gasera promueva la competencia y la calidad del producto y el servicio, más bien, podría ser una barredora de pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de gas, con la consecuente pérdida de empleos que hoy tanto se requieren. El siguiente paso para “Gas Bienestar” sería la conversión hacia el comportamiento monopólico, donde ante el acaparamiento de un mercado que irá creciendo de forma exponencial en su demanda, y sin una infraestructura orientada al sano funcionamiento financiero de la empresa, encontrará la necesidad de mayor subsidio, mayor deuda y por tanto mayor detrimento a las arcas del estado que, sobra decir, se llenan con el esfuerzo mediante la tributación de varios mexicanos que ni de cerca verán el beneficio de esta notable acción.

Antes de la anacrónica intervención frontal del estado en un mercado en el que no debería arriesgarse a incursionar, está la posibilidad de generar un cerco efectivo de regulación y supervisión para el equilibrio de precios. La acción coordinada de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, bien podría mejorar en mucho el panorama previo a la aventura que tiene como destino un barranco. Y para colmo por igual se avecina un entuerto legal por el nombre mismo de la empresa; ya hay propiedad de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, misma que obra a favor de un grupo empresarial del occidente del país. Así que mal y de malas, ¿por donde empezamos a preocuparnos?