PILAR MANSILLA

Foto: Congreso de la Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa para endurecer las penas en contra de aquel funcionario que, por omisión, ignorancia o permita que se construyan edificios que construyan pisos más allá de lo permitido.

Por ello, además de agregar un nuevo capítulo al reglamento, estableció que aquel funcionario que cometa algún acto ilícito tendrá una sanción de hasta 20 años de presión.

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno detalló que con la adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter, “se reconoce como delito la Corrupción Inmobiliaria y establecen sanciones de 10 a 20 años de prisión tanto para los servidores públicos de la Ciudad de México, como para la red de familiares y socios que participen”.

La iniciativa, que será discutida en el próximo periodo ordinario, el funcionario local explicó que se incurrirá en este delito a quien autorice la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal.

Ante los diputados locales de Morena y sus aliados, al advertir que con esta medida se busca también proteger a la ciudadanía de estos actos, ya que los inmuebles se encarecen por la corrupción, además de que pone en riesgo a los habitantes de los departamentos, porque no se cumplen con las medidas de protección civil, adelantó que será el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, quien será el encargado de presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México.

A menos de 24 horas de que Ernestina Godoy dejara el cargo como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y asumiera como encarado de despacho Ulises Lara, Batres Guadarrama y reiteró su advertencia de que no pararán las investigaciones y sanciones en contra de las personas que están presuntamente involucradas en el llamado “cartel inmobiliario”, que insistió en señalar que se detectó esta red después de que un edificio explotó en la alcaldía Benito Juárez por un aparato mal instalado y en el que están involucrados, presuntamente ex funcionarios de la demarcación.

Por lo anterior, las autoridades capitalinas advirtieron que dentro de las penas que se establecen, “se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”.

Dentro de los argumentos que adelantaron presentarán al Congreso local señaló que “la corrupción inmobiliaria se refiere al fenómeno que permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y/o propiedades para beneficio personal, a cambio de emitir permisos ilegales de edificación” “El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México. (…) La corrupción inmobiliaria es, en sí misma, un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de Protección Civil”, expresó.

En la iniciativa, que afirmó la autoridad local, fue analizada y realizada con el apoyo de especialistas en la materia, indicó que en el actual marco normativo se tienen “los elementos necesarios para perseguir otros delitos relacionados, como enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, que han permitido sancionar a ex uncionarios públicos de la Alcaldía Benito Juárez quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pertenecían a esta red de corrupción que de 2009 a 2021 contribuyó al crecimiento exponencial de la construcción de niveles que sobrepasan los permitidos por la norma”.

Recordó que a partir de 2008 comenzaron a encontrar registros de estos casos, en el que sólo fue uno y que tenía un nivel excedente, es decir, fuera de la norma; en el 2009, 12 casos; 2012, 158 casos.

Estos casos, aseguró “es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme. Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021, precisamente después del hallazgo que ocurre con la explosión de los departamentos en la colonia Actipan”, indicó.

Antes, Ruiz Suárez, dijo que con este endurecimiento en las penas se pretende “disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera”.