AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos se ha incrementado en varias naciones de la  región,  entre ellos, México; mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras ha señalado que nuestro país es el más peligroso del mundo para ejercer la profesión; y la Secretaría de Gobernación revela que de 2006 a la fecha, han sido asesinados 260 periodistas.

Por ello, la consolidación de un Estado democrático requiere del ejercicio periodístico libre, objetivo e imparcial, para mantener informada a la sociedad y fortalecer la opinión pública, aseveró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas.

Y es que, en el marco de su sesión plenaria, el Instituto determinó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe proporcionar, en versión pública, los contratos celebrados para implementar medidas de seguridad en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas; pero en dicha versión deberá estar visible solo el monto destinado a la implementación de dichas medidas de seguridad, sin mencionar los nombres de las personas protegidas.

“El reconocimiento paulatino a la importancia de esta profesión (el periodismo) llevó a que, en 1993, la UNESCO reivindicara la necesidad de que existiera un periodismo libre y plural para impulsar sociedades modernas y democráticas”, aseguró del Río Venegas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, señaló que, a pesar de la importancia del trabajo que llevan a cabo los profesionales de la información, viven y desarrollan su labor periodística y de investigación en situaciones y condiciones precarias, lo que incluye bajos salarios, malas condiciones y el riesgo de sufrir violencia y persecución.

 Recordó que, de acuerdo con información de “Reporteros sin fronteras”, en 2022, el país tiene el deshonroso título de ser el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión del periodismo; en tanto que, “de acuerdo con información de la propia Secretaría de Gobernación, del año de 2006 a la fecha, han sido asesinados 260 periodistas en México; 63, en los cuatro años de la administración federal en turno”, apuntó.

Señaló que “la situación para personas defensoras de los derechos humanos en el país no es mejor; de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra estos activistas en el continente se incrementó entre mayo y agosto de este año, con un alto número de asesinatos en varios países de la región”.

Para el caso concreto, un particular solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversa información sobre la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Específicamente, el particular requirió: la cantidad actual de personas periodistas beneficiarios y/o inscritas en el mecanismo, dividido por entidad federativa; la cantidad actual de personas defensoras de derechos humanos y/o activistas beneficiarias y/o inscritas en este mecanismo; la cantidad actual de hombres y mujeres defensores de derechos humanos y/o activistas beneficiarios y/o inscritos en el mecanismo, dividido por entidad federativa.

Así como el costo mensual y anual de la renta de los botones de asistencia asignados a las personas beneficiarias y/o inscritas en el mecanismo; el presupuesto anual del 2019 al 2022, destinado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, desagregado por rubros presupuestales.

La Segob respondió, por conducto de su Unidad de Transparencia, los puntos 1, 2, 3 y 5 de la solicitud. Con respecto al numeral 4, correspondiente al costo mensual o anual de la renta de botones de asistencia asignados a las personas beneficiarias y/o inscritas en el mecanismo de protección, determinó la reserva de la información por un periodo de cinco años, bajo el argumento de que su divulgación haría identificables las medidas que se implementarán para proteger a estas personas defensoras de derechos humanos y periodistas y se aumentaría el riesgo y vulnerabilidad de las personas que se benefician con este mecanismo de la dependencia.

Inconforme con la clasificación de la información, el particular acudió al INAI a presentar un recurso de revisión.

En alegatos, la Segob reiteró su respuesta inicial.

En el análisis del caso, hecho por la ponencia de la comisionada del Río Venegas, se encontró que las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos varían en función de la finalidad y del grado de riesgo en el que se encuentran, y también cambian de conformidad con la ley que existe para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde se enlistan una serie de medidas y características específicas para el tema.

Así, se señaló que “la clasificación de la información por parte del sujeto obligado sólo sería válida si ésta permitiera identificar al periodista o defensor de derechos humanos protegido por el mecanismo. Dicho lo anterior, es necesario no perder de vista que la persona solicitante pidió únicamente conocer el monto que la Secretaría de Gobernación eroga por la renta de los botones de asistencia asignados a estas personas beneficiarias; nunca pidió ni solicitó la identidad de la persona física”.