El Gobierno federal impulsó un paquete anticorrupción que otorgará sustento jurídico a la figura del contribuyente, trabajador o empresario encubierto, con el fin de evitar que los casos se caigan en tribunales y fortalecer la denuncia ciudadana con garantías de confidencialidad.
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Los usuarios encubiertos son personas que interactúan con una institución pública sin revelar que participan en una verificación oficial, con el objetivo de detectar actos de corrupción, malas prácticas administrativas o fallas en la prestación de servicios.
La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Raquel Buenrostro, anunció la elaboración de un paquete de reformas legales que dotará de sustento jurídico a la figura de usuarios encubiertos como herramienta para combatir la corrupción en dependencias federales, especialmente en niveles medios y operativos.
La estrategia responde a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó revisar diversas leyes para consolidar un andamiaje anticorrupción con enfoque en cero tolerancia y en el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana.
Buenrostro detalló que la figura del contribuyente, trabajador o empresario encubierto existe desde hace años como mecanismo de supervisión, pero carece de reconocimiento explícito en la legislación, lo que debilita su valor probatorio en procesos judiciales.
Casos documentados llegaron a tribunales e incluso a la Suprema Corte, donde litigios posteriores provocaron la caída de expedientes por falta de reconocimiento formal en el marco normativo vigente.
El nuevo paquete de reformas buscará otorgar fuerza legal a estos instrumentos de verificación, con el objetivo de blindar los procedimientos y evitar que las investigaciones se invaliden por vacíos técnicos o interpretaciones restrictivas.
Buenrostro sostuvo que el eje central es empoderar al ciudadano común para denunciar actos indebidos sin temor a represalias, ante una cultura de baja denuncia por desconfianza institucional o temor a la exposición pública.
Se incluirán artículos específicos para garantizar confidencialidad, discrecionalidad y protección de datos personales, con el fin de brindar seguridad a quienes aporten evidencia sobre irregularidades.
En el sector salud se detectaron posibles irregularidades mediante auditorías con usuarios encubiertos, particularmente en el ISSSTE, donde se revisaron procedimientos administrativos y atención al público.
Buenrostro planteó que la formalización jurídica permitirá consolidar pruebas sólidas en expedientes administrativos y penales contra servidores públicos que incurran en conductas ilícitas, además de mejorar la calidad de los servicios públicos.
La iniciativa forma parte de una estrategia integral para reforzar la integridad institucional, cerrar espacios a la corrupción en trámites cotidianos y robustecer la arquitectura legal de fiscalización interna en dependencias federales.
