Una incursión inmediata del Ejército y la Guardia Nacional en comunidades de Chilapa y la Montaña baja de Guerrero habría elevado el riesgo de una confrontación con civiles atrapados en la zona, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, al defender la decisión de no ordenar una entrada directa bajo la presión de grupos armados.

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“Alguien podría decir: ‘que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’; sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso una confrontación muy grave. Nosotros nunca buscamos esa condición”, dijo la mandataria.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el gabinete de seguridad tiene registro de 96 personas desplazadas desde el 6 de mayo y precisó que elementos de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales mantienen presencia en la región para proteger a la población.

Añadió que la prioridad inicial fue preservar vidas, ante el riesgo de que una intervención precipitada detonara un enfrentamiento mayor.

Sheinbaum identificó el conflicto como una disputa entre grupos criminales en la región, con afectación directa a comunidades ajenas a esa confrontación. Informó que existen tres poblados impactados y tres bloqueos activos.

También confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó a la zona para coordinar atención institucional, facilitar la salida de personas heridas y atender a familias desplazadas.

Los ataques y el asedio, que iniciaron el pasado 6 de mayo, son atribuidos a la pugna entre los grupos delictivos “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. El gobierno reportó al menos seis personas heridas. Tres ya fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo y otras tres estaban en proceso de evacuación con apoyo de personal médico y ambulancias.

García Harfuch explicó que la presencia federal existe desde el inicio de la crisis, pero sostuvo que ingresar a puntos controlados por hombres armados habría puesto en riesgo a más habitantes.

Ante las denuncias de pobladores sobre una presunta colusión de autoridades municipales con los grupos delictivos en Chilapa, la presidenta Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) abrirá las carpetas de investigación correspondientes.

Reiteró que su administración actuará con “la fuerza de la ley” contra cualquier funcionario, sin importar su partido político, siempre que existan pruebas sólidas de vínculos con el crimen organizado, citando como ejemplo detenciones recientes de alcaldes en otras entidades del país.