A través de los canales oficiales del gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio cuenta, de manera escueta, de la mesa de trabajo a distancia que estableció con industriales mexicanos del acero y del aluminio, en el contexto de la imposición de 50% de aranceles a este rubro por parte de Estados Unidos.

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Acerca de esta coyuntura económica internacional impuesta unilateralmente por la administración de Donald Trump, la jefa del Ejecutivo informó: “Me reuní de manera virtual con empresarios del acero y aluminio, así como con los secretarios de Hacienda (Édgar Amador) y de Economía (Marcelo Ebrard); evaluamos los impactos y medidas contra los aranceles del 50 por ciento impuestos por Estados Unidos. Nuestra responsabilidad es proteger los empleos“.

Ya por la mañana, durante su encuentro con la prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal anunció esta reunión con los empresarios y aprovechó para manifestar su postura, señalando que se trata de una medida que, además, “no tiene un sustento legal, ya que se tiene un acuerdo comercial (el T-MEC), aunado a que se está colaborando de manera muy estrecha en otros temas como la seguridad, lo cual ha sido reconocido por el propio gobierno de los Estados Unidos”.

Al respecto, Sheinbaum remarcó: “Nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo, a las y los trabajadores mexicanos y, segundo, a la industria del acero. 50 por ciento de aranceles representa una afectación a la industria del acero y del aluminio muy grande. En la relación con Estados Unidos se colabora, pero desde la base del respeto mutuo, sin subordinación y en una relación de iguales“.

Esta relevante medida, han advertido economistas y medios internacionales, podría crear tensiones innecesarias en la relación bilateral entre México y EU, y afectar algunos sectores clave en las finanzas del país, como la construcción y la manufactura.

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El gobierno mexicano ha declarado la propia Claudia Sheinbaum, espera que las negociaciones con Washington permitan excluir al país en este nuevo impuesto, del que sólo se salvó Gran Bretaña, pues Trump concedió dejar el arancel en 25 por ciento.