Godoy afirma que Fiscalía actuará sin "interés político alguno" al defender plan de trabajo en el Senado

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, defendió en el Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones con 12 votos a favor y una abstención, por lo que será turnado al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación en los próximos días, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, particularmente de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, que advirtieron vacíos en el diseño del programa, falta de metas claras, ausencia de indicadores y dudas sobre su viabilidad.

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Durante la sesión de la Comisión de Justicia, donde se presentó el plan y posteriormente se aprobó el dictamen, la fiscal sostuvo que la estrategia implica un cambio en el modelo de procuración de justicia al pasar de un esquema "de tramitación masiva y reactiva" a uno basado en inteligencia, priorización de fenómenos criminales y coordinación institucional.

Señaló que se busca dejar atrás la fragmentación en las investigaciones y construir casos con sustento científico que permitan obtener sentencias condenatorias y aseguró que su compromiso es "transformar la fiscalía en una institución con valores humanistas, transparente, eficiente y honorable, que no dé cabida a la impunidad y la corrupción".

Subrayó que la actuación de la institución no responderá a intereses partidistas al afirmar que "no hay interés político alguno" y que su función se ejerce con "autonomía, pero sobre todo condición de Estado", al tiempo que sostuvo que la coordinación con otras autoridades se realizará sin subordinación y con base en criterios jurídicos.

En su comparecencia reconoció que los principales problemas que enfrenta la procuración de justicia. Señaló que actualmente existen 136 mil 256 carpetas de investigación en trámite, de las cuales solo una proporción reducida logra avanzar a sentencia, además de una alta cifra de delitos no denunciados y bajos niveles de judicialización, lo que, dijo, evidencia rezagos operativos y desconfianza ciudadana.

Añadió que la incidencia delictiva se concentra principalmente en delitos relacionados con armas y explosivos (21.37%), delitos patrimoniales (21.01%) e hidrocarburos, además de una concentración geográfica en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

Por lo anterior, explicó que el plan contempla la reestructuración de la fiscalía, el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y el uso de herramientas tecnológicas para la investigación, además de una mayor coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la priorización de delitos de alto impacto.

Desde Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se expresó respaldo al plan. Legisladores señalaron que se trata de "una ruta estratégica" que permite reorganizar capacidades, fortalecer la investigación y colocar a las víctimas en el centro de la acción institucional.

En contraste, la oposición conformada por Movimiento Ciudadano y el PAN centró sus críticas en las debilidades del programa. Desde Movimiento Ciudadano se advirtió que "identificamos algunas omisiones relevantes", como la falta de acciones específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes y la necesidad de fortalecer el vínculo con organizaciones de derechos humanos, además de solicitar medidas concretas en casos de feminicidio.

Por su parte, el PAN señaló que el plan "no tiene metas, indicadores y tiempos para llevar a cabo estas metas", lo que impide evaluar su cumplimiento, y advirtió que el propio diagnóstico reconoce que "nueve de cada diez delitos no se investigan", lo que refleja un problema estructural de impunidad.