El Senado está a punto de tomar una decisión clave para el futuro político del país. En pocas semanas, nombrará a 56 magistrados electorales estatales que resolverán las disputas de los comicios locales en 30 estados. Y lo hará sin contrapesos, sin transparencia y con prisa quirúrgica.

La  mayoría de estos cargos estaban vacantes desde 2021. Morena no pudo llenarlos porque no tenía los votos suficientes. Pero eso cambió. Hoy, con su mayoría calificada artificial, el oficialismo ya no necesita negociar. Puede imponer. Y lo está haciendo.

La convocatoria fue lanzada el 5 de marzo. Las comparecencias iniciaron el 24, y se extenderán hasta el 3 de abril. Mil veinte aspirantes, cinco minutos cada uno, en comparecencias exprés vía Zoom. A marchas forzadas, sin pausa ni transparencia.

El dictamen final se entregará el 4 de abril. La votación será el 7. Y con eso, 30 tribunales estatales quedarán bajo control del bloque oficialista.

LA TOMA

Desde 2021, el Senado tenía pendiente nombrar a los magistrados. En ese entonces, Morena no tenía mayoría calificada. Necesitaba negociar. Y no quiso. El número de vacantes creció hasta llegar a 56.

Pero ahora, con más de 85 votos en su bolsillo, ya no hay necesidad de consenso. El proceso avanza sin obstáculos. Las comparecencias están divididas entre seis grupos, encabezados por figuras como Javier Corral, Alejandra Barrales, Yunes Márquez y senadores del Verde.

La reforma judicial aprobada en 2024 prometía que todos los jueces, magistrados y ministros serían elegidos por voto popular, en nombre de la democracia. Pero no todos. Los magistrados electorales estatales quedaron fuera. Esos siguen siendo designados por el Senado. Por eso la prisa. Porque estos cargos serán ocupados por siete años, y quien los nombre hoy, tendrá magistrados leales hasta el final del sexenio.

El oficialismo no logró esta mayoría solo. Senadores como Miguel Ángel Yunes Márquez, que hace unos meses era oposición, hoy encabezan subgrupos de evaluación. Junto con Morena y el Verde, forman un bloque sin freno.

Los aspirantes deben “exponer” su perfil en cinco minutos y responder preguntas en tres. Es una simulación de escrutinio. No hay debate, no hay revisión de fondo, no hay criterios públicos.

EL SISTEMA

En 2014 se reformó el sistema para quitarle a los gobernadores el poder de nombrar a los tribunales electorales, de acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa. Se pensó que el Senado sería un filtro nacional, imparcial, institucional. Hoy terminó como una ventanilla de control político.

Los magistrados electorales no son cualquier cosa. Son quienes deciden sobre impugnaciones, conflictos entre partidos o candidatos, validan elecciones locales. En otras palabras: son los árbitros de la democracia en cada estado.

Y Morena está a punto de colocar a los suyos en casi todo el país.

De los 32 tribunales estatales, 30 están incompletos. Hay estados como la Ciudad de México donde faltan cuatro de cinco magistrados. En Jalisco, Estado de México y Michoacán, faltan tres. En la mayoría, faltan dos.

La paradoja es brutal. Mientras Morena celebra la “democratización” del Poder Judicial, nombra a escondidas a quienes resolverán las elecciones locales. Los jueces federales irán a las urnas. Los electorales estatales irán por dedazo.

Los magistrados que decidirán si una elección fue limpia, válida o fraudulenta serán colocados los próximos días. Sin equilibrio. Sin revisión ciudadana. Sin transparencia.

La ‘4T’ no quiere solo competir. Quiere controlar la cancha, elegir al árbitro y marcar el gol. Y todo ocurrió en el Senado. Sin reflectores. Sin escándalos. Pero con consecuencias que durarán años.