PATRICIA RAMIREZ

Foto: SFP

El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, aseguró ante diputados federales que esa dependencia emitió 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron las normas vigentes, que incluyen multas por mil 102 millones de pesos y 173 inhabilitaciones. Y además se presentaron 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de 2023.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del informe de gobierno, precisó que para este año la secretaría vigila recursos públicos por más de 7.9 billones de pesos en las 287 instituciones de la administración pública federal.

Ante los legisladores de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, destacó que se trabaja en dos ejes, en torno a los cuales se articulan las labores de la SFP, el combate a la corrupción y el combate a la impunidad.

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Acerca del combate a la corrupción aseveró que se ha privilegiado el enfoque preventivo y por ello en materia de contrataciones públicas, mediante las Bitácoras Electrónicas de Seguimiento de Adquisiciones y a Obra Pública se monitorea en tiempo real 6 mil 517 contratos de compras por un monto de 644 mil millones de pesos (mdp), y 16 mil 777 contratos de obra pública por 274 mil mdp.

Salcedo Aquino señaló que la ética pública es imprescindible para una gobernanza proba, por consiguiente, se han instalado 310 comités de ética para promover la integridad en la actuación de las personas servidoras públicas y atender las denuncias por vulneraciones al Código de Ética de la APF y de conducta de sus instituciones.

Explicó que, como otra acción preventiva para detectar la malversación de los fondos públicos, se monitorea la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas, mediante la vigilancia del cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses. A septiembre de 2023, el 99% de los más de 1.4 millones de trabajadores del Poder Ejecutivo atendieron ese deber.

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Por otra parte, destacó la participación de la sociedad en la supervisión del ejercicio del poder, la rendición de cuentas y la exigencia de las responsabilidades de los cargos públicos. Expuso que la contraloría social permite a los beneficiarios de los programas verificar el cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los recursos. A septiembre de 2023 se han instalado 109 mil comités, con la participación de 383 mil personas, quienes vigilaron la aplicación de un presupuesto de 85 mil mdp.

En cuanto a testigos sociales, cuya función es fortalecer la transparencia de las contrataciones, en 2022 su comité designó 223 personas para observar y vigilar 198 procedimientos de adquisiciones y 25 de obra pública, por un monto de 555 mil mdp.

También como parte de la prevención de la corrupción, señaló que la SFP estableció el Padrón de Integridad Empresarial, que ha otorgado el registro a 43 empresas y otras 80 solicitudes están en análisis.

El secretario Salcedo Aquino detalló que, además de todas las prevenciones, es necesario recurrir a la fiscalización para combatir la corrupción.