Ya entrados en el proceso electoral más grande en la historia del país que culminará el próximo 6 de junio y para evitar que les metan un gol en alguno de los 21 mil 378 cargos de elección popular, el gobierno federal ordenó a bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero vigilar con mayor acuciosidad las transacciones, especialmente, de las empresas de reciente creación, factureras y con dinero en efectivo.

Además de que les indicó, se reducirá el plazo establecido actualmente de 60 días para reportar las operaciones inusuales de aquellos clientes que muestren algún comportamiento transaccional sospechoso.

Por lo que al existir un mayor riesgo de que los recursos puedan ser de procedencia ilícita, se reporte de inmediato a las autoridades a través de un aviso de 24 horas.

“Tradicionalmente si un banco detecta alguna actividad inusual tiene hasta 60 días para procesarlo dentro de sus comités internos y si encontrara alguna anomalía lo reporta a la CNBV, que a su vez hace llegar documento encriptado a la UIF, los tiempos los tendríamos que operar de manera diferente en este proceso.

“Por ejemplo, una vez que las campañas inicien en abril, si se detectara el 10 de abril un movimiento inusual, si esa institución financiera se tomara los 60 días, estaría reportando algo a Hacienda una vez que las elecciones ya hubieran pasado. Idealmente esto (la guía) ayuda a tener un carácter preventivo y sancionar y detectar actividades en el momento en que están ocurriendo. El objetivo es acortar los plazos para que esto sea útil”, explicó.

Lo anterior, según la guía con enfoque electoral financiero con el objetivo de facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero asociados con los procesos electorales, que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En conferencia de prensa, el titular de Hacienda, Arturo Herrera señaló que por medio del manual se pretende dotar a los Sujetos Obligados (SO) de diversas herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante el proceso electoral 2020-2021, lo que garantiza la aplicación de las prácticas de prevención de lavado de dinero (PLD) en determinados contextos, así como la exclusión de ambigüedades.

“La emisión de la guía tiene el propósito de potenciar el régimen de PLD para evitar la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales de forma oportuna”, indicó y señaló que “la guía se emitirá y aplicará a partir del 1 de marzo próximo y se tiene la intención de trabajar con las instituciones financieras”.

Además, se comprometió a que el gobierno federal actuará “neutral” con los partidos políticos de oposición y el partido en el gobierno en cuanto a la prevención y detección de delitos de lavado de dinero en el marco del proceso electoral que, de hecho, inició desde el pasado mes de septiembre.

“Nosotros nos aseguraremos de que se cumpla a la letra la ley y trabajaremos con la banca lo que se está estableciendo en esta guía, independientemente del partido político que pudiera estarlo utilizando, independientemente de la entidad federativa y del tipo de elección. La única forma de asegurarnos de que esto coadyuve al fortalecimiento de la democracia mexicana es ser absolutamente neutrales en este sentido”,  señaló.

Señaló que el cumplimiento de las prácticas establecidas en el manual permitirá hacer efectivo el “principio de equidad en la contienda electoral, ya que garantiza que los partidos políticos, las precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito”.

De esta forma, las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados que no coincidan con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista justificación razonable, deberá ser informado a las autoridades.

La guía está integrada por dos bloques: en el primero se abordaran conocimientos básicos de materia electoral y en el segundo se incluirán conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, señala los que son considerados factores de riesgo relacionados con los clientes o usuarios de las entidades financieras, esto es, indicadores predictivos de LD proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.

Aunado a esto, se exhorta a las entidades financieras a que, durante los procesos electorales de este año, el Comité de Comunicación y Control de cada una de ellas dictamine las operaciones en materia de PLD/CFT/CFPADM con la mayor oportunidad y focalización posible, lo anterior debido a los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral.

“Con la emisión de esta guía, la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso por prevenir y perseguir, con la mayor oportunidad posible, los delitos asociados al lavado de dinero en los procesos electorales”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, resaltó durante la conferencia de prensa, que el documento es imparcial, se elaboró con base en la información de la tipología detectada y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las distintas materias, y reportes de la CNBV relacionados con delitos electorales de años anteriores.

Se indicó que este documento también retomó las diversas irregularidades y movimientos de todos aquellos quienes estén incluidos en la lisita de personas políticamente expuestas para ver si rompen su perfil transaccional; también operaciones de empresas fantasma, particularmente del sector público para financiar campañas electorales y de los recursos en efectivo que, de acuerdo con datos del Banco de México  (Banxico), reportó un incremento de 6.0 por ciento en esos días respecto al año inmediato anterior, “tal vez por compra de refrescos”, señaló Herrera.

Los bancos e instituciones financieras deberán vigilar las operaciones  de las empresas que sean contratadas como proveedoras, pero sobre todo, que no estén autorizadas por las autoridades electorales.

No obstante, Nieto Castillo señaló que “la experiencia” indica que se tiene que poner especial atención a las aportaciones de asociaciones civiles a empresas fachada, a las tarjetas y retención de recursos de trabajadores del sector público, traslado de valores y dinero en efectivo; “esos movimientos deberán prender la alerta para detectar probables casos de lavado de dinero”.

Observó que la UIF tiene cinco mil registros en su base de datos y ocho millones de reportes relevantes y ante ese cúmulo de información, generan modelos de riesgo, que se empezaron a preparar para el proceso electoral, por lo que se podrían  presentar denuncias en materia de delito electoral, pero indicó que ya se tienen tres denuncias presentadas.

Arturo Herrera reiteró el compromiso de Hacienda de sancionar a quien cometa delitos de lavado de dinero “sin detenernos a pensar cuál es el partido político o asociaciones civiles que están utilizando algunos de estos vehículos, son prácticas utilizadas en el pasado y que con esta guía se tipifican para que puedan ser mucho más fácilmente detectadas en el sistema bancario y financiero”.