El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que en la región de Concordia, donde 10 trabajadores mineros fueron privados de la libertad, opera una célula de Los Chapitos, por lo que el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue permanente y la búsqueda de un jefe criminal identificado en la zona.

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La privación de la libertad de los 10 mineros en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, se vincula con la operación de una célula de Los Chapitos en esa región serrana, de acuerdo con el reporte de García Harfuch quien recordó que el secuestro ocurrió el 24 de enero.

Desde ese momento, dijo, todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se desplegaron de manera coordinada para la búsqueda de las víctimas y para avanzar en la investigación de la estructura criminal que opera en la zona.

El titular de la SSPC explicó que los primeros informes descartan la existencia de amenazas previas contra la empresa minera o contra sus trabajadores, lo que refuerza la línea de investigación sobre una acción directa de un grupo delictivo con presencia territorial consolidada en esa región del estado.

García Harfuch detalló que las fuerzas federales mantienen un despliegue reforzado del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina, sin un número fijo de elementos asignados, debido a la amplitud de la operación y a las condiciones geográficas del área serrana de Concordia.

En su exposición, el funcionario federal afirmó que las autoridades ya identificaron a uno de los jefes criminales que operaban en esa zona bajo la estructura de Los Chapitos, quien se convirtió en un objetivo prioritario dentro de las acciones de búsqueda y localización desplegadas por el Estado.

Sobre un posible móvil de extorsión, García Harfuch indicó que, hasta ese momento, la información disponible apunta a una sola acción delincuencial en la que se privó de la libertad a los trabajadores, sin elementos suficientes para clasificar el caso como una extorsión de gran escala.

El secretario reiteró que la instrucción presidencial fue no suspender la búsqueda ni la investigación, y subrayó que el Gabinete de Seguridad mantuvo el compromiso de agotar todas las líneas para dar con el paradero de los mineros y desarticular a la célula criminal responsable.