AIDA RAMÍREZ

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El Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) puso en duda que el gobierno federal pueda hacer uso de los 600 mil millones de pesos “disponibles en caja” para hacer frente a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, el 25 de octubre pasado.

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“El discurso oficial sostiene que hay recursos suficientes para todo lo necesario. La Secretaría de Hacienda anuncia en este sentido que hay 600 mil millones de pesos ‘disponibles’ en la Tesorería de la Federación. Pero la suficiencia de recursos que se presume simplemente no procede. Es importante subrayar que, de acuerdo con la legalidad, los recursos de la tesorería sólo se pueden utilizar para gasto público si así está explícito en el decreto de PEF 2024 que se apruebe”, señaló en su análisis semanal.

Y es que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de emergencia para Acapulco por 61.3 mil millones de pesos, pero otras instancias sitúan el costo en alrededor de “15 mil millones de dólares, unos 270 mil millones de pesos”.

En ese sentido, aseveró el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que claramente le es imposible estimar el costo de la emergencia y la reconstrucción para el sector público, y quizá también para éste mismo en este momento.

“No obstante, el dictamen del PEF 2024 debería considerar al menos el programa de emergencia anunciado por el gobierno en cuanto a las reasignaciones previas a su aprobación con total transparencia”, señaló.

En el análisis, el CEESP observó que en el periodo enero-septiembre de 2023, los ingresos del sector público aumentaron en 0.4%, impulsados principalmente por el aumento de 9.1% en los ingresos tributarios. Pero comenta que en estos cálculos “influye la diferencia en la recaudación de los impuestos especiales de producción y servicios (IEPS), que fue 5.1 veces mayor a la cifra del año pasado como consecuencia de la disminución de los subsidios al precio de los combustibles.

“Al descontar el efecto del cambio en el IEPS, los ingresos continúan mostrando riesgos de sostenibilidad. Los totales caen 4.5% respecto a enero-septiembre de 2022, los tributarios aumentan sólo en 1.0% y hacia adentro de ellos el ISR subió 3.7%. Por su parte, la recaudación del IVA cayó 4.7%, señal de que el consumo aún no se recupera plenamente. En todo caso, los ingresos totales fueron 158 mil millones de pesos inferiores a lo programado.
“En cambio, las erogaciones siguieron al alza en los tres primeros trimestres del año. El gasto público aumentó 5.1%, en especial por un mayor costo financiero de la deuda que creció 27.5% y del aumento del 15.3% en subsidios, transferencias y aportaciones.

“El déficit fiscal alcanzó 645 mil millones de pesos, y fue 74.9% mayor al del año pasado, y el superávit primario (112 mil millones de pesos) fue 48% menor al de enero-septiembre de 2022”, insistió el organismo por lo que reiteró que continúan presentes los riesgos de sostenibilidad de los ingresos para el próximo año.

Por lo anterior, el Centro de Estudios advirtió que la devastación de Acapulco y otras comunidades cercanas por el huracán Otis , de categoría 5, “sin duda ejercerá una importante presión sobre los recursos del erario”.

En este tenor, consideró que el presupuesto de egresos de la federación para 2024 (PEF 2024) se aprobará a mediados de este mes.
Por lo que “las circunstancias son propicias para que el PEF 2024 considere e incluya las necesidades requeridas para atender la devastación causada por el huracán Otis de forma transparente, democrática y constitucional, a fin de mitigar la evidente destrucción que trajo consigo”.

Recordó que la responsabilidad es exclusiva de la Cámara de Diputado, por lo que considera recomendable evitar una modificación, o sea, una ampliación a la Ley de Ingresos ya aprobada por el Congreso para 2024.

Recordó que dicha ley incluye un endeudamiento demasiado elevado, que supera por mucho el presupuesto previsto para la inversión pública, además de que es, aseveró, inapropiado desde el punto de vista fiscal y contraviene la Constitución.

Tras lo anterior, puntualiza el CEESP, “todo indica que la oportunidad de hacer adecuaciones al proyecto de PEF con tiempo y de manera transparente aparentemente no está siendo considerada por el gobierno y su partido. La falta de presupuesto asignado al desastre causado por el huracán Otis y la imposibilidad legal de utilizar los recursos de la tesorería (al no estar en el PEF) complican la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y las otras ciudades y regiones gravemente afectadas”.