Desde hace seis años, México vive bajo la apuesta de gobernar con uniforme. Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta de par en par a las Fuerzas Armadas: no sólo en seguridad, también en aduanas, puertos, aeropuertos y hasta la construcción de trenes. Claudia Sheinbaum heredó y defendió ese modelo, convencida de que la disciplina militar es garantía de eficiencia y confianza.
Pero los últimos días encendieron las alarmas. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina de López Obrador, y la muerte de dos marinos en menos de 24 horas sacudieron la imagen de la institución más respetada del país.
EL DILEMA DE LA CONFIANZA
Las encuestas del Inegi no dejan dudas: 87.5% de los mexicanos confía en la Marina, más que en cualquier otra fuerza de seguridad. El Ejército y la Fuerza Aérea también superan el 80%, muy por arriba de policías estatales y municipales. Esa confianza ha servido de escudo político: “Si la gente cree en las Fuerzas Armadas, confiemos en ellas”.
El problema es que esa confianza no es un cheque en blanco. Con la Marina controlando puertos y aduanas, también llegaron las tentaciones. Y el caso de huachicol fiscal en Tampico mostró que la corrupción toca incluso donde parecía imposible.
PRESUPUESTO VERDE… OLIVO
El respaldo político se tradujo en dinero. Entre 2019 y 2024, las Fuerzas Armadas recibieron más de 145 mil millones de pesos anuales. Para 2026, Sheinbaum propone un presupuesto de 296 mil millones de pesos. Poco más del doble.
El CIDE documentó que de 2007 a 2022 se realizaron 267 transferencias de funciones civiles a militares, equivalentes a 81 mil millones de pesos. Sólo en el sexenio de AMLO se concentró el 40% de esas transferencias.
Hoy los militares administran aduanas, carreteras, aeropuertos y hasta hoteles. ¿Y el resultado? Más poder y más recursos, pero también más exposición a los vicios civiles.
EL CASO TAMPICO
El 31 de marzo de 2025, un operativo federal decomisó 10 millones de litros de diésel de contrabando en Tamaulipas. Tras meses de investigación, fueron detenidas 14 personas: tres empresarios, funcionarios aduanales y seis marinos, incluido el vicealmirante Farías Laguna.
En medio del caso, apareció muerto en su oficina el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, acusado de recibir sobornos. Y apenas un día después, falleció otro marino durante una práctica de tiro en Sonora. Dos muertes en menos de 24 horas que encendieron las especulaciones.
Ayer, Claudia Sheinbaum reaccionó molesta cuando un reportero preguntó si estos casos debilitaban a la Marina: “No hay que especular, es una falta de respeto a los familiares”. Sin embargo, el golpe a la credibilidad ya estaba dado.
¿AHORA QUÉ HACEMOS?
La pregunta es incómoda: ¿se puede seguir apostando todo a las Fuerzas Armadas? Sheinbaum y su gabinete defienden que se trata de casos aislados. Pero la realidad es que nuestras instituciones militares están cada vez más expuestas a las mismas redes de corrupción que deberían combatir.
No se trata de abandonar a la Marina, pero sí de reconocer que militarizar la vida pública no resuelve por sí mismo la corrupción ni garantiza eficacia.
Si el gobierno insiste en seguir delegando tareas civiles a los militares, lo mínimo sería abrir un debate nacional: ¿queremos un país gobernado por instituciones civiles o uno donde cada problema se resuelva con uniforme y fusil?
EL DATO INCÓMODO
El proyecto de Presupuesto 2026 recorta mil 984 millones de pesos a Cultura, 16.1% menos. El INAH pierde mil 288 millones y el INBAL 943 millones. Patrimonio histórico y arte, otra vez al filo del abandono.
