Apenas unos días después de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno mexicano anunció un operativo espectacular contra el huachicol fiscal.
Cayeron 14 personas: empresarios, funcionarios aduanales y marinos, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda Durán.
¿Estamos ante un golpe genuino de la agenda anticorrupción de Claudia Sheinbaum o se trata de una acción exigida desde Washington?
CASO TAMPICO
La historia inició en marzo, cuando un buque atracó en Tampico con 10 millones de litros de diésel de contrabando. Fue una de las operaciones más grandes en su tipo.
Tras meses de investigación, el gobierno detuvo a los responsables: una red que usaba documentos falsos para meter combustible como si fueran insumos de bajo valor y así evadir impuestos millonarios.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de un golpe “contra la corrupción y el crimen organizado” y defendió a la institución naval: “El actuar aislado de unos cuantos no representa a toda la Marina”.
El propio secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, insistió en que estos “golpes de timón” son necesarios para limpiar la Armada.
Pero el golpe tiene un componente político evidente: la captura del vicealmirante Farías Laguna, pieza vinculada a la élite que dirigió la Marina en tiempos de AMLO.
LA SOMBRA DE WASHINGTON
La visita de Marco Rubio a México coincidió con la operación. En su reunión con Sheinbaum, Rubio resaltó: “Los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos”.
Después, elogió a nuestro país por entregar a más de 50 capos a las autoridades estadounidenses.
El comunicado conjunto habló de crear un grupo de “alto nivel” para coordinar acciones, respetando la soberanía mexicana.
Pero en la práctica, el gobierno de Trump no ha dejado de presionarnos: amenazas de aranceles de 30%, despliegue militar en la frontera y hasta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En ese contexto, el golpe al huachicol fiscal responde tanto a la urgencia mexicana de mostrar resultados como a la urgencia estadounidense de atacar redes criminales con tentáculos binacionales.
PECES GORDOS
El operativo en Tamaulipas luce contundente, pero abre otra duda: ¿se está golpeando a las cabezas de la red o sólo a mandos medios y operadores visibles?
Detener a empresarios locales, funcionarios y a un vicealmirante expone corrupción grave, pero ¿son los beneficiarios finales?, ¿y los vínculos políticos que permitieron que durante el sexenio de López Obrador se movieran cientos de millones de litros de combustible sin trabas, pese a denuncias constantes?
El riesgo es que el caso quede como un espectáculo mediático para complacer a Washington y reforzar la narrativa anticorrupción de Sheinbaum, sin tocar a quienes realmente hicieron posible el negocio.
LEGITIMIDAD O SIMULACIÓN
El golpe llega en un momento en que Sheinbaum necesita mostrar que gobierna con firmeza y que no encubre a nadie, ni siquiera a herencias incómodas del obradorismo.
Pero la legitimidad de este esfuerzo se medirá por la profundidad de las investigaciones y por la capacidad de desmantelar toda la red, no sólo a sus eslabones visibles.
Porque si los intocables siguen libres, entonces no estamos ante un golpe histórico contra el huachicol, sino otra simulación más… ahora bajo presión de Estados Unidos.
EL DATO INCÓMODO
En Reino Unido, la viceprimera ministra renunció por un error fiscal en la compra de una vivienda.
En México, políticos declaran casas de 12 millones o departamentos de 15, reportando un valor diez veces menor. Y aquí no pasa nada.
