Con modificaciones mínimas, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas legales, que regula la participación del Ejército en la Guardia Nacional y que establece que este cuerpo tendrá mando militar. Las reformas a seis leyes secundarias y dos códigos establecen que el mando general de la institución será un general de división, nombrado por el presidente de la República a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Tras una discusión de más de nueve horas y con 349 votos a favor y 132 de la oposición en contra, los legisladores de Morena, el PT y el PVEM impusieron su mayoría para avalar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta será remitida al Senado para su discusión y aprobación.

Establece que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que se elimina el mando civil.

Además, se otorga a la Guardia Nacional la facultad de realizar tareas de investigación e inteligencia, incluyendo operaciones encubiertas y usuarios simulados, permite la intervención de comunicaciones privadas, previa autorización judicial solicitada por la Sedena, lo que fue duramente criticado por la oposición.

Legisladores advirtieron que este cambio marca un punto de inflexión para la seguridad pública en México y podría implicar desafíos importantes en términos de derechos humanos, rendición de cuentas y equilibrio entre poderes civiles y castrenses.

Uno de los puntos más criticados por Movimiento Ciudadano es que se contempla la figura de una licencia especial para aquellos elementos que busquen postularse a cargos de elección popular o participar en funciones de los tres niveles de gobierno y esta licencia deberá ser aprobada por la persona titular de la defensa, así como por la presidenta de la República.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, aseguró que las y los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente, ya que la formación, el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirá por una doctrina policial civil, fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley.

NO SOLUCIONA

Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que con esta reforma se avanza un paso en la militarización de actividades esenciales del país, incluyendo la seguridad pública.

Los diputados del PRI advirtieron que la militarización de la Seguridad Pública no es la solución para combatir la violencia que vive el país y, en cambio, da paso a la construcción de un Estado represor que perseguirá a los inocentes y no a los delincuentes.

Señalaron que esta reforma representa un retroceso inaceptable en la construcción de un Estado democrático, y abre la puerta a un modelo autoritario donde el uso de la fuerza se concentrará en una sola institución sin contrapesos ni control parlamentario.

La diputada panista Paulina Rubio sentenció que hay elementos muy peligrosos, como los operativos encubiertos y cuestionó si pretenden meter a militares disfrazados de civiles a las casillas en las elecciones.

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo consideró que la Guardia Nacional debió haber sido civil y el PAN sí ha aceptado que el Ejército debe intervenir en la seguridad, pero bajo dos premisas: que fuera transitoria y subsidiaria. “Han dejado más indefenso a México al cerrarle la posibilidad de una fuerza pública civil. Hay confusión, no hay armonía. No cumplen y abandonan al Ejército”, dijo.

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Por su lado, la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, sentenció que con estos cambios legales se rompe este equilibrio entre militares y civiles y se abre la puerta a que militares en activo sean gobernadores, alcaldes o directores de organismos descentralizados o empresas de participación estatal como Pemex, o el Issste.