Imponer un impuesto a las remesas contradice de manera abierta los principios fundamentales de una migración ordenada, voluntaria y no forzada al penalizar un acto que representa el esfuerzo legítimo de quienes migran para sostener a sus familias y comunidades de origen, advirtió el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, al rechazar el gravamen del 3.5 por ciento aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte del plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump.

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“Es un agravio para la economía, el esfuerzo y el trabajo de los inmigrantes mexicanos“, sostuvo Loera de la Rosa, al subrayar que las remesas no sólo forman parte sustantiva de las finanzas norteamericanas, sino que constituyen un pilar para el sustento económico de entidades expulsoras como Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

Consideró que imponer este tipo de medidas resulta particularmente contradictorio cuando se busca que la migración no sea forzada ni motivada por la necesidad o la sobrevivencia, sino una opción libre y digna, por lo que señaló que “es ilegal y no se puede aplicar una doble tributación“.

Por su parte, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, lamentó que el encuentro que se realizó en Washington entre legisladores mexicanos y norteamericanos “se haya dado en medio de una coyuntura compleja“, sin embargo, consideró que es importante mantener el diálogo directo con las comunidades organizadas.

Advirtió que, en el actual contexto, las personas migrantes enfrentan un doble reto, el cual es prepararse ante una eventual deportación y, al mismo tiempo, mantenerse informadas por vías oficiales, pues el miedo y la incertidumbre pueden llevarlas a tomar decisiones precipitadas no siempre fundamentadas en la realidad, lo que termina por agravar su situación.

En tanto, el senador por el Partido Acción Nacional, Gustavo Sánchez Vázquez, subrayó que este momento exige el pleno respeto a la legalidad y al Estado de Derecho.

Explicó que, a través de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, el Senado ha reforzado el trabajo conjunto con organizaciones civiles hispanoparlantes que brindan apoyo a las comunidades migrantes, ya que México y Estados Unidos enfrentan desafíos comunes que requieren soluciones compartidas.

“El Senado debe fungir como un puente de comunicación y entendimiento entre ambos gobiernos“, sostuvo, al advertir que sería un error negar la existencia de problemas graves que afectan por igual a ambas naciones.

Indicó que temas como la inseguridad, el medio ambiente, la migración y la economía, agregó, son asuntos binacionales que deben atenderse de manera coordinada, por su dimensión compartida y por el impacto directo que tienen sobre las poblaciones a ambos lados de la frontera.