La ministra Loretta Ortiz Ahlf impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del proceso electoral del poder Judicial para los gobiernos y poderes, porque consideró que es ridícula esta prohibición, al ser este un proceso histórico que debe tener una difusión amplia, robusta y plural.

En el recurso presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su calidad de candidata a la Corte, argumentó que el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía.

“La restricción es irrazonable dado que los propios poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso. En un sistema democrático, lo más congruente sería que pudieran informar a la ciudadanía sobre las características y particularidades de la elección”, señala en el documento.

Insistió en que el estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del poder Judicial, resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE.

Ortiz explicó que el que sea un proceso extraordinario justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión. “Por un lado, se facultó a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impide difundir información sobre el proceso mismo. En un sistema democrático, lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, insistió.

En este sentido, la candidata advirtió que esta restricción generaría, además, situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas o que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección, entre otros. Por todo ello, sostuvo, la sala superior debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE.