La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma constitucional publicada esta semana abre la ruta para una ley general contra el feminicidio que obligará a todas las entidades del país a adoptar mecanismos homologados de investigación, atención a víctimas y coordinación institucional para combatir la impunidad.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que el cambio aprobado en la Constitución no constituye aún la ley secundaria, sino el fundamento jurídico para construir una legislación nacional obligatoria. Explicó que una ley general implicará que todas las fiscalías estatales adopten criterios comunes frente a investigaciones por asesinatos de mujeres por razones de género.

Sheinbaum señaló que el modelo de referencia proviene del mecanismo desarrollado en Ciudad de México durante la gestión de Ernestina Godoy como fiscal local, esquema que, según explicó, fortaleció protocolos de investigación y protección a víctimas y familias. El objetivo, dijo, es extender ese diseño institucional al resto del país con criterios uniformes.

“Que nunca más a una mujer se le juzgue por cómo iba vestida. Que nunca más se oculte un feminicidio como un suicidio“, declaró la presidenta al explicar el alcance que busca la futura legislación. Añadió que la coordinación nacional entre fiscalías busca garantizar justicia y reducir márgenes de impunidad en delitos contra mujeres.

La presidenta vinculó la reducción de feminicidios con el combate estructural a la impunidad. Sostuvo que la falta de sanción fortalece la repetición de delitos y planteó que una respuesta institucional articulada puede modificar esa dinámica. Enmarcó la propuesta dentro del compromiso político de su administración con la atención a violencias contra mujeres.

“Cuando llegué al gobierno dije: llegamos todas. Llegamos todas quiere decir atender cualquier situación de violencia contra las mujeres”, afirmó. Señaló que el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia de género y sostuvo que el propósito del nuevo andamiaje legal es asegurar cero impunidad mediante coordinación nacional.