El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó modificaciones a su presupuesto y programación de recursos que será para los primeros cuatro meses de 2025.

Lo anterior, luego de que el Congreso de la Unión decidió eliminar a este órgano constitucional como parte de la reforma de simplificación orgánica, por lo que le aprobó 499 millones 998 mil pesos de casi mil millones de pesos solicitados.

En lo que es considerada una situación atípica, particular, el presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez sostuvo que el Instituto seguirá operando hasta que no se aprueben las leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno absorba sus funciones, por lo que no consideran 90 días naturales, como se estableció en la reforma de simplificación orgánica, sino que se da al menos un mes más de previsión para solventar los gastos que se generen y el trabajo de transición.

“Hoy se permite contar con un presupuesto que se ajusta a los principios de racionalidad, transparencia y austeridad en el ejercicio del gasto. Los derechos subsisten, se mantiene y cambiará el esquema de garantía, pero hasta en tanto ello suceda, debemos ser conscientes que el INAI sigue operando”, por lo que 759 trabajadores tienen garantizado su salario.

“Sabemos que estamos pasando por un momento muy crítico en donde podemos reflexionar sobre el presente y el futuro sobre la protección de datos personales y la transparencia en nuestro país”, dijo, tras recordar que el 20 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se establece la desaparición del INAI y seis organismos autónomos más.

Señaló que a pesar de que se le redujo el presupuesto solicitado, ahora, “bajo la sombra de la reforma de la simplificación orgánica, trabajaremos hasta el último momento con responsabilidad, eficiencia y apego estricto a la normatividad para cumplir con nuestra misión de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”.

De su parte, la comisionada Julieta del Río Venegas sostuvo que uno de los objetivos principales de este ajuste fue garantizar el funcionamiento y seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Debemos revisar cuidadosamente lo poco que tenemos y no dejar inoperante la plataforma”, afirmó en sus redes sociales y refrendó en la sesión extraordinaria.

Expresó su preocupación sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, al señalar que “actualmente sigue en la indefinición”. No obstante, aseguró que en el INAI están convencidos de que la plataforma debe permanecer operativa por ser una herramienta esencial para los ciudadanos.

“Debe preservarse su existencia en la legislación secundaria y con el presupuesto respectivo. Es un tema en el que seguiremos insistiendo”, señaló, y subrayó la importancia de proteger los derechos de los trabajadores del Instituto, pues si bien no se ha definido si los empleados serán reubicados en la nueva Secretaría o recibirán indemnizaciones, la gestión del presupuesto buscará garantizar condiciones justas para ellos durante el proceso de transición.

No dejó de señalar que gracias a la seguridad en los sistemas y contratos de servicios de telecomunicaciones que se tiene, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no ha podido ser hackeada, “porque en este último año ha recibido miles y millones de intentos de ataques durante este ejercicio”, pero gracias “al contrato plurianual que se vence en 2025, no se ha logrado hackear jamás a la PNT, que prácticamente tiene 15 mil millones de registros, y que seguirá cargándose de la información generada por los sujetos obligados en octubre, noviembre y diciembre”.

En la sesión, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara dejaron claro que no se ha emitido hasta el momento, instrumento jurídico que exponga a detalle cómo se procederá para materializar la extinción del INAI y transferir facultades, derechos y obligaciones a las instancias que se harán cargo de las funciones de este organismo garante, con el que el Pleno del Instituto está dando pasos que permitan asegurar que el procedimiento se haga con el mayor orden posible.