Pilar Mansilla / Ovaciones

Foto: Luis Carbayo / Cuartoscuro.com

El Observatorio contra la Tortura dio a conocer de en el 2022 incrementaron las carpetas de investigación por el delito de tortura en un 11 por ciento respecto a 2011, ya que se iniciaron seis mil 226 carpetas de investigación contra este delito.

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Revelaron también que en el 2022 los organismos públicos de derechos humanos recibieron mil 243 quejas por tortura, donde las fiscalías fueron las “más señaladas con un 50.9 por ciento del total de las quejas, mientras que los cuerpos de seguridad pública representaron el 30.8 por ciento, mientras que al sistema penitenciario se le ubica con el 4.3 por ciento, otros 1.7 por ciento y por determinar el 5.8 por ciento.

De acuerdo con los datos que el organismo recabó a través de solicitudes de información e investigación, dio a conocer que, de las seis mil 398 presuntas víctimas del delito de tortura, así como de tratos inhumanos, crueles y degradantes, el 11 por ciento, es decir, 715 mujeres han sido torturadas.

Mientras que 22 mujeres, es decir el 9.9 por ciento han sido víctimas del delito de tratos inhumanos, crueles y degradantes.

En cuanto a las seis mil 226 carpetas de investigación que se han iniciado, el Observatorio contra la Tortura, reveló que sólo 82, es decir el 1.31 por ciento, han sido judicializadas, siendo que los estados con “más altos índices de judicialización fueron Yucatán con tres carpetas, mientras que Baja California Sur reportó 22”.

Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donde se dio a conocer la información, el Observatorio contra la tortura, explicó que el motivo por el que se inician las investigaciones sobre el caso de tortura se debe a que lo determina el juez, cuando “recibe alegaciones de tortura” al momento de investigar otros delitos.

Mientras que el porcentaje de casos que se investigan por una denuncia directa es bajo, al ubicarse en 7.8 por ciento, debido a que los afectados tienen miedo a denunciar, desconocen los recursos legales y su funcionamiento, así como por el impacto de tortura en la víctima, incluso por la falta de recursos.

Por lo anterior, expusieron que el 23 por ciento de las investigaciones se hacen por oficio, el 69.2 por ciento por vista judicial y el 7.8 por ciento por debido a que se hizo la denuncia.

Después de que el 26 de junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México (Ley General contra la Tortura), diversas organizaciones con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos se creara el Observatorio para la tortura, con el propósito de realizar monitoreos para determinar los avances que se ha tenido en este delito, se encontró que en el 2022 sólo has 17 fiscalías especializadas.

Además, se cuentan con 12 unidades especializadas, las cuales, de acuerdo con lo que dieron a conocer, se crearon porque diversas entidades federativas no cuentan con los recursos suficientes para operar las fiscalías, mientras que los estados de Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Sonora no cuentan con ninguna de estas figuras.

Sin embargo, detallaron que el 60 por ciento de los estados que cuentan con una fiscalía, en 2019 tuvieron un incremento en carpetas iniciadas, al pasar de 6 a 10; mientras que el 25 por ciento de los estados que no cuentan con una fiscalía han registrado un incremento de 3 a 12 carpetas de investigación iniciadas.

Hasta el momento, las únicas entidades federativas que tienen fiscalía y que, además tiene presupuesto propio son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y la federación.

Si embargo, aclararon que el 62 por ciento de las entidades que cuentan con un presupuesto especial, no incrementaron el número de investigación abiertas por tortura, mientras que el 72 por ciento de las fiscalías que no tienen presupuesto propio, incrementaron en un 72 por ciento.

Dentro de los resultados que los llevó la investigación, detectaron que las víctimas no tienen acceso a los peritajes médico-psicológicos. “El equivalente al 81 por ciento de las víctimas de tortura y/o malos tratos registradas durante 2022 en las carpetas de investigación abiertas no se les practicó un peritaje médico-psicológicos por parte de peritos de las fiscalías”.

Finalmente, se determinó que hay baja disponibilidad de peritos oficiales y se encontró que no hay imparcialidad en los peritajes, ya que solo ocho de 23 fiscalías reportaron al menos un caso en 2022 “donde se establece una correlación entre el relato de tortura y la evidencia física y psicológica. El porcentaje de peritajes de las fiscalías que encuentran una correlación es del 16 por ciento”.