El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no podrán utilizarse apodos en las boletas para las elecciones judiciales, porque ello implicaría romper los principios de equidad de la contienda electoral.

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De esta manera, ni la “ministra del pueblo”, ni “el juez de AMLO” ni el “ángel de la justicia” podrán aparecer en las boletas el próximo 1 de junio.

Los consejeros electorales señalaron que estos sobrenombres constituyen propaganda electoral y rompe los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral.

En total, el INE registró 24 solicitudes de igual número de aspirantes que pedían la inclusión de un sobrenombre, entre los que destaca la ministra Lenia Batres, quien se ha autodesignado como la ministra del pueblo, además de Ángel Mario García Guerra, quien pedía ser “el ángel de la justicia”; Emanuel Montiel Flores, “el defensor popular”; Joel Blanno Castro, “magistrado del cambio”, además de Marco Antonio Rojo, que quería ser “el juez de AMLO”, “el juez de la 4T” o “el juez del pueblo”.

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Los consejeros electorales coincidieron en que estas son frases con las que pretender ser reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral.

Además, podrían crear una confusión entre el electorado, ya que el sobrenombre debería de ser la manera más fácil de llamar a una persona más que aludir a corrientes políticas.

Asimismo, como el espacio en la boleta para todas las candidaturas es el mismo, obligaría a ajustar el tamaño de la fuente utilizada y podría dificultar la lectura de la ciudadanía, así como el voto.

En una sesión anterior, los consejeros electorales determinaron imponer sanciones a partidos políticos nacionales y locales por un monto preliminar de 396 millones 977 mil 859.16 pesos, por irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondientes al ejercicio 2023.

De este monto, 358 millones 758 mil 944.06 pesos corresponden a fuerzas nacionales y 38 millones 218 mil 915.10 pesos a partidos locales. Entre las conductas infractoras más recurrentes y, por consiguiente, los mayores montos de sanción se encuentran egresos no reportados, no comprobados y aquellos sin objeto partidista.