INE y jueces chocan por situación de funcionarios de casilla

Advierte presidenta del Instituto que es perverso asegurar que pueden estar sujetos a responsabilidad legal por amparos



Foto: Cuartoscuro.com

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, acusó a organizaciones de jueces de utilizar perversamente la información de que los funcionarios de casilla podrían estar en problemas legales, por incumplir los amparos que ordenan la suspensión de las elecciones judiciales y advirtió que esto es absurdo.

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“Es una narrativa perversa; es el colmo de lo absurdo que los funcionarios de casilla corran algún riesgo legal, es falso totalmente”, señaló en conferencia de prensa y acotó que sería como pensar que todos los que van a votar el primero de junio van a ser sancionados.

En respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reiteró su postura y advirtió que los amparos no son negociables y la ley establecen claramente las sanciones para quienes incumplan con las suspensiones concedidas por los jueces en los juicios de amparo.

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Insistió en que la Constitución y la Ley de Amparo no son negociables y su observancia es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales.

“Señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”, sentenció esta organización.

Recordó además que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. A su vez, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia.

“Quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”, refrendó.