FERNANDO FUENTES

La iniciativa de ley relativa a la ciencia en México presentada por el ejecutivo a finales del año pasado es considerada bipolar, por el Dr Jorge Alonso, profesor investigador Emérito del Ciesas.

Por un lado, se plantean declaraciones generales y avanzadas, como el derecho humano a la ciencia, la libertad de investigación y cátedra, la promoción de la pluralidad epistémica y la definición democrática de la Agenda Nacional.

Se menciona la distribución equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a apoyar la investigación, así como el mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura y los equipamientos necesarios para la investigación.

NO HAY PLAN CONCRETO

En exclusiva Jorge Alonso, miembro Emérito del Sistema Nacional de Investigadores, explicó en exclusiva qué “Sin embargo, no hay un plan concreto sobre cómo se conseguirán estos objetivos, cómo se involucrarán las comunidades indígenas en el proceso y cómo se llevará a cabo la participación democrática de la comunidad en la construcción de la agenda nacional.

Por otro lado, hay muchos puntos en la iniciativa que indican un control gubernamental y posiciones excluyentes que no garantizan, sino disminuyen el ejercicio de derechos. La iniciativa propone un modelo operativo que privilegia la ciencia aplicada y margina la investigación en ciencia básica y de frontera, y se espera que las y los investigadores de los CPI observen la disciplina que rige el servicio público.

La iniciativa también establece una estructura del Consejo Nacional donde las voces externas no están establecidas, sino dejadas al arbitrio de quienes las inviten, lo que podría llevar a la exclusión de ciertas temáticas en detrimento de otras.

ARTÍCULO 85

Además, el artículo 85 debe revisarse y corregirse para que los investigadores de los centros públicos de investigación sean homologados con sus pares académicos de las universidades en lugar de la burocracia estatal.
Se sugiere que se impulse una ciencia no mercantil, ni estatal, sino societal, donde la ciencia esté al servicio de la sociedad. La relación entre ciencia y política es compleja y problemática, pero se espera que los recursos estatales destinados a apoyar la investigación no estén condicionados por los dictados del Estado y que la ciencia se desarrolle en un ambiente libre y horizontal”.