Iniciamos el sexenio en un contexto de enorme incertidumbre política y económica, agudizada por las decisiones y las actitudes del Gobierno anterior en su recta final: tanto la apresurada aprobación de reformas que ponen en riesgo al Estado democrático de derecho como por cerrar con un serio deterioro del balance fiscal.

Pero todo cambio en la conducción de un país trae consigo ventanas de oportunidad y esperanza que hay que tener bien ubicadas y aprovechar con visión y decisión. El que por primera vez en nuestra historia sea una mujer quien ocupa el máximo cargo del país, y la representación de todos, debería abonar a ello.

De entrada, por la renovación y la reconciliación que urgen. Para encontrar puentes de entendimiento y sinergia. No vimos ese énfasis en el discurso inaugural, pero la necesidad, la oportunidad y la esperanza siguen ahí.

En seis años no hubo diálogo democrático con la oposición y los representantes de millones de mexicanos. Es necesario: vías de distensión y para sumar. El que se den dependerá de la vocación democrática y altura de miras del nuevo Gobierno, pero todos los mexicanos tenemos que procurarlo. Las otras fuerzas políticas, los distintos sectores de la sociedad.

Desunidos o por la vía de la cerrazón, todo será más difícil.

Los mexicanos no sólo debemos hacer votos para que nuestra Presidenta tenga éxito, sino comprometernos en ello. No en el sentido de la concentración de poder e imponer un proyecto: en el de unirnos para realmente avanzar en aspiraciones y oportunidades que compartimos, por encima de las diferencias políticas.

Seguridad y paz. Progreso económico y social acelerado, incluyente y sostenible. Fortalecer la democracia y el Estado de derecho para una organización y convivencia social fuertes. Educación y salud de calidad. Empleo y oportunidades para todos. Una economía con perspectiva de futuro, echada para delante.
Habrá que tomar las decisiones correctas, y oportunamente.

Ante el reto de que el Estado cuente con ingresos en aumento y sostenible, y que así pueda fondear, de entrada, el modelo de pensiones no contributivas que está en la base del triunfo del partido oficialista, insostenible a mediano y largo plazos sin crecimiento económico y finanzas públicas sólidas.

Sin crecimiento y multiplicación de las empresas, y, con ello, del empleo, no habrá esos ingresos, ni posibilidad de que millones de mexicanos realmente salgan de la pobreza, más allá de depender de una asistencia gubernamental con bases fiscales precarias.

Ni el Gobierno anterior ni los previos avanzaron decididamente en el desafío de formalizar la economía y el empleo. Debería ser prioridad en este sexenio. Sin ello, tampoco podrán sostenerse las políticas de mejora salarial.

Enfrentaremos pronto la renegociación del TMEC. Urge una dosis renovada de realismo, pragmatismo, responsabilidad, y trabajo conjunto con el sector privado.

Hay que afrontar con decisión la crisis interminable de inseguridad y violencia. El desastre en salud y educación que hereda el sexenio pasado. Los desafíos del agua, el cambio climático, la devastación ambiental, la transición energética y la sostenibilidad.

Que haya altura de miras para propiciar la unión en lo esencial, incluyendo la preservación de los principios básicos del Estado democrático de derecho, de los avances que habíamos tenido, logro histórico de los mexicanos.

Deberíamos trabajar en consensos mínimos en dos agendas paralelas. Una de contención y una de desarrollo de largo plazo.

Por un lado, contener el desfondamiento de las instituciones del Estado mexicano, la amenaza que pende sobre el sistema electoral, la democracia, el Estado de derecho.

Por otro, pugnar por un proyecto de país viable y atento a las necesidades y los retos de hoy, pero con proyección de futuro. Que abra el horizonte con posibilidades, motivación compartida. Con planes y metas de largo alcance, viables y, sobre todo, en las que los distintos sectores de la sociedad podamos confluir.

Una reforma sistémica al aparato civil de seguridad pública y procuración de justicia. Combate en serio a la impunidad. Certeza jurídica para los ciudadanos tanto como para las empresas.

Política industrial o de fomento como las que han desarrollado con éxito los países asiáticos. Maximizar la inversión y el aprovechamiento de la oportunidad del nearshoring y sectores estratégicos.

Un plan ambicioso, pero bien aterrizado, de desarrollo en el Sur-Sureste, con incentivos, Zonas Económicas Especiales y desarrollo comunitario.

Reforma al sistema de salud y de seguridad social, ligada a la una verdadera reforma hacendaria: profesionalización del gasto y más recaudación a cambio de protección social, pensión y cobertura de salud universales.

De entrada, un presupuesto 2025 realista y responsable, que genere confianza y prepare el camino para los cambios estructurales necesarios.

Formalización del empleo y las empresas, en línea con las reformas hacendaria y de seguridad social.

Una agenda nacional ambiental ambiciosa, con una ruta Net Zero 2050. Que haga de México un líder en la materia y ayude a atraer más inversiones y generar cientos de miles de empleos.

Un plan de avanzada por la educación de calidad, congruente con los retos del futuro para nuestros niños y jóvenes, y para la nación.

Fomentar el emprendimiento y el desarrollo de las Pymes. De la innovación, la ciencia y la tecnología, con un enfoque de triple hélice: sector público, privado y académico uniendo fuerzas.

Transición energética acelerada. Transición digital y actualización tecnológica.

Reestructuración de Pemex y CFE para que sean empresas viables, capaces de generar más valor a la nación en la economía del futuro, en vez de ser una carga. De coexistir con una multiplicación de la inversión privada en el sector para que México cuente con la infraestructura energética que necesita para crecer y desarrollarse.

Todo eso es posible. La pregunta, a todos, es si somos capaces de abrir juntos esas ventanas de oportunidad y responsabilidad, para cambiar el encono y el deterioro, por unión y desarrollo.