Con el objetivo de abordar los desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad en la Ciudad de México, se creó el Grupo de Trabajo sobre Migraciones y Personas en Situación de Movilidad.
Este grupo se enmarca en la Red Ecos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y surge como una iniciativa que busca generar un trabajo colaborativo entre las autoridades locales y federales, así como entre diversas instituciones públicas, académicas y sociales.
La colaboración, explicaron, tiene como fin principal implementar estrategias eficaces que respondan a las necesidades de las personas migrantes y desplazadas, garantizando su inclusión social y la protección de sus derechos humanos.
En la presentación del evento, estuvieron Pablo Yanes Rizo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; María Cortina Icaza, directora de Casa Refugio Citlaltépetl; Leticia Calderón Chelius, académica y coordinadora del grupo de trabajo; Xadeni Méndez Márquez, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); Hermana María Magdalena Silva Rentería, directora de CAFEMIN; y Temístocles Villanueva Ramos, coordinador general de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México.
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Los organizadores explicaron que las dependencias y organismos que participaron crearán un grupo de trabajo, el cual se integrará a la Red Ecos.
Indicaron que es un espacio de análisis y consulta cuya misión es apoyar el desarrollo de políticas públicas mediante la investigación científica e innovación, con el que se pretende reducir las desigualdades sociales, territoriales y de género, promoviendo un acceso más amplio al conocimiento y la ciencia a través de un enfoque inclusivo y participativo, fundamental para el desarrollo de la Ciudad de México.
En este sentido, Pablo Yanes Rizo explicó que la administración de la Ciudad de México está enfocada en la creación de grupos de trabajo especializados en problemas cruciales, con el fin de implementar políticas públicas basadas en el conocimiento científico y la experiencia.
Subrayó que la movilidad humana y las migraciones son fenómenos que requieren un enfoque interinstitucional que aglutine esfuerzos y recursos de diversas áreas para su abordaje.
Destacó que una política migratoria debe tener un enfoque inclusivo que no solo se dirija a las personas directamente involucradas, sino que también debe sensibilizar a la sociedad en general. Combatir la discriminación y la xenofobia es crucial para construir una ciudad que sea acogedora, hospitalaria y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen.
En su intervención, Leticia Calderón Chelius resaltó la importancia de fomentar la colaboración entre diferentes sectores, incluidos el académico, el gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil, para poder dar una respuesta efectiva a los retos planteados por la migración y los desplazamientos forzados. Resaltó que la coordinación de estos actores es clave para generar políticas públicas integrales.
En tanto, Xadeni Méndez Márquez, coordinadora general de la COMAR, enfatizó la necesidad de diseñar modelos inclusivos que aseguren la plena integración de los migrantes en sus comunidades de acogida, garantizando su acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el empleo digno. También resaltó la importancia de aplicar un enfoque de interculturalidad y perspectiva de género en estos modelos.
Por su parte, María Magdalena Silva Rentería, fundadora de CAFEMIN, insistió en que las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos. Destacó la importancia de que las instituciones y organizaciones trabajen juntas para encontrar soluciones efectivas, apuntando que, más allá de los números, cada migrante tiene una historia personal y es fundamental humanizar el trato.
Finalmente, Temístocles Villanueva Ramos reconoció el esfuerzo que la Ciudad de México ha realizado para crear un entorno favorable para la atención de las personas migrantes. Señaló que la voluntad política de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como la participación de diversas organizaciones y el marco legal vigente, son factores clave para garantizar los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo, personas desplazadas y en retorno.
