La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tenía razones para investigar la presunta operación para repartir millones de acordeones para las elecciones judiciales del 1 de junio, pues no había elementos suficientes para determinar que podía haber una operación con recursos públicos.

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Durante su sesión de este miércoles, los magistrados electorales confirmaron el acuerdo del INE, que desechó una denuncia presentada por la organización civil Justicia Común, la cual acusaba a Morena y al gobierno de la Ciudad de México de crear una base de datos de ciudadanos a los que se les entregarían los acordeones para incidir en la distribución de acordeones para inducir el voto fue correcta.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera explicó que cuando la autoridad electoral revisó los elementos presentados concluyó que no había pruebas suficientes para iniciar una investigación, pues la denuncia solo presentó como pruebas tres capturas de pantalla de notas periodísticas y de un video, y cuatro enlaces electrónicos.

Sin embargo, la denuncia no incluyó referencias específicas sobre los hechos, no se señalaron fechas, no se señalaron lugares, ni personas responsables, ni se explicó cómo estos materiales habían influido en los procesos electorales.

“Las autoridades no pueden actuar sólo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se señale en redes sociales, necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. Esto es importante, porque de lo contrario, se corre el riesgo de convertir un instrumento de protección de la legalidad en un medio para judicializar percepciones, lo cual desvirtúa concretamente su finalidad constitucional y legal”, sentenció.

Y añadió que, en este caso, lo que se presentó no permite suponer, ni de manera indiciaria, que hubo la comisión de una falta electoral en los términos en que se afirma en la denuncia.

No obstante, aclaró que no se cierra la puerta a que existan otras denuncias, en la que sí existan estos elementos indiciarios para investigar, pero por lo pronto, en esta no se aportan elementos indiciarios para justificar la intervención del Instituto Nacional Electoral.

En contraposición, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien votó en contra, señaló que el INE debió haber desplegado diligencias más amplias, como solicitar apoyo a la Policía Cibernética, requerir información bancaria o contactar al medio que publicó la investigación para allegarse más elementos.

Criticó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE basó su desechamiento en una investigación preliminar que solamente pregunta a los posibles responsables, sabiendo que la gente no estaba obligada a autoincriminarse y también que lo esperable es que se deslindan de ese tipo de conductas.

“Me parece que en estas notas, hay suficientes elementos indiciarios para que se inicie una investigación y no para que se deseche porque a partir de requerimientos preliminares hay deslindes y, porque se pretenda una carga probatoria y una carga argumentativa en los denunciantes, que en principio, pues es obligación del Estado mexicano, en este caso de las autoridades electorales tutelar la legalidad de las elecciones“, precisó.

La denuncia presentada por la asociación civil Justicia Común ante el INE el pasado 30 de mayo, acusaba a Morena y funcionarios públicos de haber desplegado una operación para distribuir listados impresos con nombres de candidatos afines, en la víspera de la elección judicial del 1 de junio.

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Los principales puntos fueron que los acordeones buscaban inducir el sufragio a favor de candidaturas vinculadas a Morena, utilizando para ello recursos públicos, pues brigadistas del gobierno de la Ciudad de México participaron en la distribución, financiados por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Además, la violación al principio de equidad, pues la operación favorecía a ciertos candidatos, afectando la imparcialidad de la contienda.